“Después de más de un año de negociaciones, lo que logró el gobernador es histórico"

Los 200 millones restantes son un resarcimiento económico a la provincia, en concepto de responsabilidad social empresaria. En Tierra del Fuego todavía se desconocen los avances.

El diputado Santiago Aberastain, de Pueblo de Puerto Deseado, dio detalles en declaraciones a Tiempo FM de la negociación alcanzada entre el gobierno santacruceño y la empresa YPF, para remediar los pasivos ambientales y poder reconcesionar las áreas.

“YPF tomó una decisión a nivel nacional de poner en valor sus activos, para eso se desprende de sus propiedades menos productivas, que son los yacimientos convencionales, con la intención de focalizar toda la inversión en Vaca Muerta, que es lo más promisorio para la empresa. Se desprende de las áreas en varias provincias, una de ellas es Santa Cruz, y empieza el proceso de negociación de cómo va a ser el traspaso y qué va a suceder con las áreas maduras que abandonaría. Históricamente una vez que las empresas abandonan sus concesiones, ha quedado en medio el trabajador y el pasivo ambiental. Lo que hace un año se viene negociando con la empresa es que se haga cargo de esto, para que se puedan reconcesionar las áreas en condiciones”, explicó. 

“Después de más de un año de negociaciones, lo que logró el gobernador es histórico, porque la operadora que deja las concesiones se va a hacer cargo de la remediación ambiental. Estamos hablando de muchísimo dinero y de muchos puestos de trabajo también, directos e indirectos, para prestar los servicios de remediación”, sostuvo. 

Respecto de cómo se cuantifica el pasivo ambiental, indicó que “lo que se firmó en Buenos Aires es un memorándum de entendimiento, que es el primer paso de un proceso. La empresa ahora tiene 180 días, junto con FOMICRUZ, para contratar consultarías de primer nivel y hacer un relevamiento minucioso del pasivo ambiental que deja la empresa. El período de remediación no debe ser mayor a cinco años. Vamos a saber el pasivo y tenemos el compromiso de la empresa de hacerse cargo. Lo que cueste remediar el pasivo ambiental será una erogación de la empresa”, aclaró.

Esto es independiente del aporte de 315 millones de dólares. “Hay 135 millones de dólares que la empresa incorpora a la provincia y tienen que ver con obras que no se llevaron adelante y estaban comprometidas. Luego hay 200 millones de dólares en concepto de resarcimiento económico a la provincia, que es en concepto de responsabilidad social empresaria”, precisó.

Esto genera un importante ingreso para reactivar obra pública. “Lógicamente todas las localidades vamos a salir a buscar obras para nuestros lugares. En Puerto Deseado ya estamos trabajando en un esquema de obras para aprovechar este ingreso de fondos. Tenemos dos temas muy importantes en los que queremos avanzar, que son obras para el puerto y mejorar la provisión de agua. Cada localidad tendrá sus prioridades y lógicamente va a haber un proceso de negociación porque cada localidad pretende conseguir los máximos beneficios posibles”, planteó. 

Apuntó que también el gobierno anunció que “parte de los fondos se van a usar para sanear la caja de previsión y la caja de servicios sociales. Es muy importante llevarle tranquilidad a los pasivos de la provincia, luego de las dificultades de estos 15 meses. Desde la Legislatura nuestra función será asegurarnos de que los fondos se ejecuten de manera responsable”, manifestó. 

Consultado acerca de si se pueden coparticipar estos fondos, respondió que “esa es una de las discusiones que se va a dar y, si los fondos se canalizan a través del UNIRSE (fondo fiduciario público para el financiamiento de programas y proyectos en inversión social y de salud) es cuestión de construir consensos. Cada localidad va a conseguir un beneficio porque se gobierna para todo Santa Cruz”, subrayó. 

“El proceso incluye a FOMICRUZ, por eso estaba en la firma del memorándum de entendimiento. La idea del gobernador es poner en valor la estructura de FOMICRUZ y ahí va a caer la responsabilidad de llevar adelante la concesión y renegociación de las áreas de YPF. Desde la Cámara de Diputados vamos a hacer un seguimiento para asegurarnos de que las empresas cumplan”, adelantó. 

“Se van a dar discusiones por diferentes vías, por un lado, tenemos la responsabilidad de hacer el seguimiento de cómo se ejecutan los fondos, por otro lado, tenemos que hacer el seguimiento del proceso de concesiones, sobre todo cuando se renuevan. El esquema de trabajo que proponemos siempre es en equipo, entre el Ejecutivo y el Legislativo. La idea es construir entre todos este futuro de Santa Cruz, porque todos queremos un mayor beneficio para el pueblo. Se va a hacer de manera consensuada”, confió. 

En cuanto a la posibilidad de absorber la mano de obra que queda desocupada e involucra a unos tres mil petroleros, el diputado dijo que “las empresas que tomen las concesiones deben dar prioridad a la dotación de mano de obra que ha quedado desprotegida. Hay muchos que arreglaron su retiro voluntario, otros están esperando una solución también, y entendemos que van a tener prioridad en los nuevos puestos de trabajo. Es importante entender que esto es un proceso. Cada noticia que comunicamos genera ansiedad y expectativa, pero hay un proceso de 30 días ahora para terminar lo que determina el memorándum; tenemos el proceso de reconcesión de todas las áreas, y creo que va a demorar seis meses hasta que la rueda empiece a girar. El beneficio va a ser muy bueno para Santa Cruz y muchas personas que hoy ven comprometida su situación laboral van a tener una solución, pero no va a ser mañana”, expresó.

Caída de la coparticipación

Por otra parte, se lo consultó sobre la caída de la coparticipación, que está significando para varios municipios no contar con fondos para el pago de salarios. “Tenemos que entender el contexto nacional, porque la caída de la actividad económica y del poder adquisitivo que lleva a consumir menos, deriva en que cada vez se pagan menos impuestos, el Estado recauda menos y reparte menos. Uno de los principales impuestos coparticipables es el IVA. A eso se suma la caída de las regalías por la baja de productividad de las empresas petroleras”, dijo. 

“De todas maneras me parece que los jefes comunales también tienen que hacer un llamado a la autocrítica por la forma de administrar los recursos. Vemos que hay intendentes que se quejan porque no les alcanza la coparticipación, pero siguen ingresando gente a trabajar a los municipios. Los gremios y los jefes comunales tienen que ser responsables y entender que cada persona que ingresa a trabajar al municipio, es la misma torta que se corta en porciones cada vez más chiquitas. En este contexto hay que administrar responsablemente y estamos viendo que no todos lo están haciendo. Hay que ver si es solamente problema por la baja de la coparticipación o hay mala administración. Nadie desconoce que la baja de coparticipación es un problema, pero también hay que dar la discusión de cómo se administra”, concluyó.