
En esta línea, explicó: “Tenemos un proyecto presentado, tendiente a darle nuevas herramientas a quienes conducen los hospitales, para profundizar la autogestión que tienen, en función de la Ley 1004. Esta norma, establece una serie de pautas jurídicas e instrumentales, que define la autogestión de los hospitales, en materia de tener recursos y afectarlos a la compra de insumos y contratación de profesionales”.
“La realidad es que, hoy en día, los hospitales públicos financian las obras sociales privadas. Por ejemplo, la obra social de la UOM les debe a ambos un monto cercano a los mil millones de pesos. La de los gastronómicos, le debe 390 millones de pesos al HRU; la de los empleados de comercio de Río Grande, 450 millones de pesos al HRRG”, advirtió.
Según el legislador, “esta morosidad sucede porque los que conducen los hospitales públicos, no tienen la posibilidad de ejecutar esas deudas. Pueden enviar cartas documentos, poniendo en mora a las obras sociales, pero no tienen la atribución de ejecutarlas ante la Justicia”.
Es por ello, que buscan “reconocerle a la conducción jerárquica de los hospitales públicos, no solamente fijar los nomencladores, teniendo en cuenta el valor de los insumos, los recursos humanos y los gastos de funcionamiento. Además de reconocerles la potestad acciones de cobro, que hoy están en cabeza del Ministerio de Salud”.
“Los directores de los hospitales hacen todo lo posible, con intimaciones extrajudiciales, pero no tienen la potestad de ejecutar. Además, queremos que una vez certificada la deuda sea entendida como un título ejecutivo, lo que permita la ejecución por la vía de la aprehenda. Si le das esta batería de herramientas, estoy convencido de que mejorarán el estándar de gestión. Esto se traducirá en un mayor caudal económico y financiero, y podrán comprar insumos en mejores condiciones; contratar a mayor cantidad de profesionales; incluso, recuperar algunos servicios”, advirtió.
Al mismo tiempo, Villegas manifestó: “Soy un convencido de dos cosas. Primero, creo en la coordinación del efector público y el privado. No considero que el privado sea un enemigo, sino alguien con quien coordinar cuestiones estratégicas y básicas ¿Qué pasa si el privado decide no prestar más el servicio o cierra su actividad comercial? No puede ser que el único hospital público de la capital de una provincia, no pueda garantizar ese servicio”.
Por otro lado, habló sobre el entredicho que tuvo con el legislador Federico Sciurano, por levantar la reunión de comisión con el ministro de Educación, Pablo López Silva, por no haber quórum: “La realidad nos indica que no hay clases por distintas circunstancias: problemas de infraestructura y condiciones de los colegios. Uno recorre los colegios, igual que su equipo. Hay una serie de problemas. Sabemos que en esta semana, el plan de lucha del gremio tiene desobligaciones, que son paros encubiertos, y medidas de fuerza. Hacía semanas atrás había presentado una nota, pidiendo que se apersone el ministro de Educación para rendir cuentas de toda esta situación”.
“Cita para el viernes pasado, con cinco legisladores presentes, él entendió que no había quórum. Estaba el ministro ahí. Es una picardía política levantar una reunión, cuando existe esta realidad y necesitamos respuestas de las autoridades del Ejecutivo. Hace tres años que le venimos votando leyes de emergencia de infraestructura, afectando miles de millones de pesos, para que las escuelas sigan como están”, criticó.
Y opinó: “Me pareció un desacierto de Federico levantar la reunión, con el ministro ahí y un tercio de la Cámara. Evitando los debates, le complican la vida a las familias ¿Cómo va a generar semejante desacierto de un modo caprichoso? Lamentablemente tuvo esa actitud. Ya le vengo bancando cosas desde el ámbito legislativo, desde la época del radar”.