Canals explicó los obstáculos que enfrenta la Ley de Emergencia en Seguridad: "El problema son los recursos"

"Fuimos a exponer todo el trabajo que venimos realizando", dijo Canals sobre la reunión mantenida con legisladores junto al ministro jefe de Gabinete, Agustín Tita, y Gonzalo Valenzuela, miembro del equipo ministerial. “Había inquietudes sobre en qué habíamos avanzado y cuál era el plan de acción. Asumimos el compromiso de terminar de cumplimentar el inciso A del artículo 4 de la ley, que establece la presentación de un informe y un plan de acción".

Sin embargo, el funcionario advirtió que el mayor problema es financiero. "La Legislatura aprobó una herramienta importante y valiosa con esta ley de emergencia, pero los recursos no vienen con la ley. Los recursos hay que generarlos o conseguirlos", señaló.

Según Canals, en el primer trimestre del año la provincia registró una disminución real de la coparticipación federal de $10.000 millones, sumada a una caída en la recaudación propia de entre $3.000 y $4.000 millones. "Esto pone en crisis cualquier plan de gobierno que uno pueda tener o cualquier proyección a futuro", afirmó.

Además, reconoció que hasta el momento la ejecución de la ley ha sido mínima: "Muy poco, muy poco. De los $4.000 millones aprobados por la Legislatura, ejecutamos $270 millones, que tienen que ver con la ampliación del anexo 4 de Ushuaia para el servicio penitenciario y compras menores”. Y añadió: "Hay una realidad de estacionalidad: aprobás una ley el 19 de diciembre y hasta que se mueven las nuevas partidas pasa un tiempo".

Pese a la planificación previa, Canals remarcó que sin fondos resulta imposible avanzar: "Podemos tener cuantificado hasta con presupuestos el equipamiento tecnológico para la central de monitoreo, los anillos de control en los accesos, el proyecto Ruta 3 Segura, ampliaciones para unidades de atención... Todo eso en papeles está hecho. El problema son los recursos".

La Ley contemplaba dos fuentes de financiamiento: recursoS del Tesoro provincial y endeudamiento. Respecto a esto último, Canals explicó que se está gestionando un crédito por $2.500 millones destinado a la compra de móviles para la Policía, Protección Civil y otros organismos. Sin embargo, los $7.500 millones restantes, destinados principalmente a infraestructura y tecnología, requieren aprobación del Ministerio de Economía de la Nación y del Banco Central. "No depende sólo de la provincia. Estamos en la última instancia de aprobación del Tribunal de Cuentas para el endeudamiento por letras, pero después sigue el camino nacional", aclaró.

Consultado por el impacto de la crisis económica, Canals sostuvo: "Hay sectores de la comunidad que están sintiendo muy fuerte 

el golpe. Hay mucha gente sin trabajo, sin cobertura de salud porque se cortó el Plan Sumar, y 10.000 ο 11.000 personas fueron incorporadas al sistema público. Eso hay que sostenerlo no sólo con atención médica, sino también con medicamentos".

Por último, ante una pregunta sobre los obstáculos nacionales a créditos energéticos, Canals respondió: “No tengo la expertise en energía. Lo que puedo decir es que desde Nación estamos trabajando en la posibilidad de endeudamiento para conseguir recursos destinados a seguridad. Ese es el foco en el que venimos desarrollándonos".