El Servicio Penitenciario enfrenta falta de infraestructura y sobrecarga de personal

En declaraciones a FM Del Pueblo, el director provincial del Servicio Penitenciario, inspector general Ariel Ciares, brindó detalles sobre la puesta en marcha de la nueva Alcaidía Femenina en Río Grande y expuso la compleja realidad del sistema carcelario fueguino, signado por la falta de espacios, la sobrepoblación y los traslados constantes que ponen en riesgo a internos y personal.

“Los recursos siempre son finitos, entonces hay que decidir qué es lo más sano dentro de la institución”, explicó Ciares al referirse a la necesidad de cerrar la Casa de Progreso para reasignar internos y habilitar la Alcaidía para mujeres. “Pensar hoy en crear una cárcel específicamente para mujeres es complicado. No está dentro de los proyectos a corto plazo”.

El funcionario remarcó que la reforma de la Ley de Ejecución de Penas de 2017 restringió beneficios como la libertad asistida o salidas transitorias, lo que incrementó la población carcelaria sin posibilidades de reducción de pena. “Hoy más del 70% de la población penal no accede a ningún tipo de beneficio anticipado, aunque el interno se porte bien”, señaló.

Este escenario llevó a multiplicar traslados de internas entre jurisdicciones, una situación que describió como insostenible: “Estábamos yendo ocho veces por mes para trasladar cuatro internas. Ponés en riesgo al interno, al guardia y debilitás la guardia en origen”. Por ello se decidió la apertura de la Alcaidía Femenina en Río Grande, “para que las internas permanezcan en su jurisdicción, puedan ver a sus hijos y no se exponga al personal”.

Una sobrecarga que impacta al personal

Ciares advirtió sobre el impacto emocional y psicológico que afrontan los agentes penitenciarios por el encierro prolongado y las largas jornadas laborales. “El encierro no es sano para nadie, ni para el preso ni para el guardia. Amerita un abordaje profesional”, sostuvo. Por ello, la Dirección creó una División de Asistencia Integral al Personal con acompañamiento de psiquiatra, trabajador social y asesoría legal.

“Hay que entender que custodiar a personas privadas de libertad, muchas de ellas con indicadores mentales complicados, requiere profesionalismo y contención para el personal”, afirmó.

Sin infraestructura nueva a la vista

Consultado sobre las posibilidades de construir nuevas instalaciones, Ciares fue contundente: “No hay nuevas obras carcelarias proyectadas porque no hay recursos. Con un crecimiento de población del 23% anual, una cárcel para 200 internos se llena en tres años”. Subrayó que aún se aguarda la habilitación del Anexo 4 y se realizan mejoras puntuales, como refuerzos de seguridad y equipamiento.

Finalmente, valoró el trabajo de reinserción social a través de la educación: “Este año cinco internos se recibieron de abogados y dos están esperando fecha de tesis. Tenemos que pensar cómo queremos que vuelvan a la sociedad, porque todos los presos algún día salen en libertad”.