Juicio por YPF: qué pasó y cómo afecta a Argentina el fallo de la Justicia de EE.UU.

La jueza de Nueva York, Loretta Preska, ordenó que Argentina debe transferir el 51 % de las acciones de YPF a los fondos que demandaron al país por violar el estatuto durante la expropiación de la petrolera en 2012. Esta decisión forma parte de un fallo de 2023 que obliga al Estado argentino a pagar más de USD 16 mil millones por no haber hecho una oferta equitativa a todos los accionistas. Frente a este panorama, el presidente Javier Milei anunció que apelará al fallo de Preska.

Qué es el juicio de YPF y quiénes son los demandantes

El conflicto entre Argentina y Estados Unidos por la expropiación de YPF empezó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner adquirió el 51% de las acciones de la petrolera, que la empresa española Repsol obtuvo a través de la privatización de YPF durante el gobierno de Carlos Menem en 1991. 

La recuperación de las acciones argentinas generó una serie de demandas por parte de los españoles, que terminaron en un juicio en Estados Unidos porque las acciones de YPF cotizan en la bolsa local. En septiembre de 2023, Preska falló en contra de Argentina y ordenó que el país debía pagar USD 16.000 millones a los fondos que financiaron la demanda, encabezados por Buford Capital y Eton Capital. 

Ambas entidades son un tipo de fondo de inversión que se dedica a comprar deuda de países o empresas en crisis (cuando esa deuda vale muy poco), con el objetivo de demandar el pago completo, más intereses y obtener una ganancia muy alta. Se los conoce como “buitres” porque actúan como el ave carroñera: aprovechan situaciones de debilidad extrema para obtener ganancias extraordinarias, sin importar el impacto social o económico que genere en el país afectado.

Como están fuera de Argentina y argumentan que se violaron sus derechos en el marco de una operación que involucró normas del mercado estadounidense, acudieron a un tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York, que aceptó tratar el caso.

A fines de 2024, dos fondos litigantes pidieron que YPF entregue sus acciones como garantía de pago de la “deuda” que tienen con ellos. Sin embargo, el gobierno estadounidense pidió frenar esta iniciativa y postergar el embargo. Por ese entonces, la Procuración del Tesoro de Argentina se comunicó con el gobierno del todavía presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para alertar sobre las posibles implicancias de un eventual embargo de activos. 

La defensa argentina sostiene que la Constitución y la Ley de Expropiación están por encima del estatuto corporativo de YPF. En el juicio, el Estado argentino también expuso que Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco español por el derecho a demandar en Estados Unidos y recibir un 30% de cualquier indemnización que surja de la sentencia. Ante la solicitud, Argentina se negó y los demandantes comenzaron un proceso para identificar activos susceptibles de embargo.

Casi nueve años de iniciado el juicio de YPF, Preska ordenó que Argentina debe pagar USD 16.000 millones a los “fondos buitre” o fondos demandantes. Sin embargo, el Gobierno argentino confirmó que apelará al fallo. El Gobierno nacional va a apelar “en todas las instancias que correspondan”.