La justicia frenó el decreto de desguace Graciela Aleñá, advierte sobre la catástrofe del cierre de Vialidad Nacional

En una reciente entrevista con FM Del Pueblo, Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación, expresó su profunda preocupación por el cierre de Vialidad Nacional, calificándolo como una “catástrofe”. Aleñá enfatizó la falta de claridad en el decreto que ordena este cierre, señalando que no se especifica quién se encargará de la conservación de las rutas no concesionadas ni qué sucederá con los fondos recaudados del impuesto al combustible.

La entrevistada destacó que el decreto no menciona cómo se gestionarán los recursos del fideicomiso del combustible, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores y la operatividad de los servicios viales. “Hoy estamos en stand-by, nuestra operatividad depende de los fondos que manda Nación, que indudablemente no lo están mandando”, afirmó Aleñá, quien también reveló que el año pasado se retuvieron casi 400.000 millones de pesos solo del impuesto al combustible.
Aleñá también hizo un llamado a la acción, mencionando que están trabajando con el Congreso para presentar proyectos que rechacen el decreto. “Hemos ido a la justicia pidiendo un amparo y una cautelar suspensiva para que no se ponga en vigencia ese decreto”, explicó, añadiendo que la situación actual es insostenible para los trabajadores, quienes no reciben sus adicionales desde hace meses.
La secretaria general no escatimó en críticas hacia el Gobierno nacional, señalando que la falta de atención a la seguridad vial es una falta de respeto hacia el pueblo argentino. “No les importa la vida de la gente”, dijo, refiriéndose a la indiferencia de los funcionarios ante la situación de las rutas, que se encuentran en condiciones deplorables.
Aleñá también destacó la importancia de la conectividad en el país, afirmando que “soberanía es poder comunicarnos”. Criticó a los funcionarios que, según ella, no comprenden la realidad del interior del país y la necesidad de mantener las rutas en condiciones adecuadas para el transporte de mercaderías y la seguridad de los ciudadanos.
En cuanto a la situación judicial, Aleñá mencionó que están apelando la decisión de la jueza que declaró incompetente el caso, y que están acelerando los trámites para obtener una respuesta rápida. “La incertidumbre te mata, te estresa tanto, sobre todo porque no hay definición”, concluyó.
La entrevista dejó en claro que la situación de Vialidad Nacional es crítica y que los trabajadores, junto con la comunidad, deben unirse para exigir respuestas y soluciones inmediatas.

La Justicia suspendió el cierre de Vialidad Nacional

Por otra parte, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín, a cargo de la Juez Federal Martina Isabel Forns, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), impidiendo que el gobierno de Javier Milei avance con el cierre del organismo. La decisión judicial frena el desguace hasta que se determine la constitucionalidad del decreto que disponía su disolución.
En este sentido, el Gobierno nacional sufrió un nuevo revés judicial en su plan de reestructuración del Estado. Este jueves, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín aceptó una medida cautelar interpuesta por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), frenando así la disolución del organismo. Esta resolución significa que la administración de Javier Milei no podrá avanzar sobre Vialidad Nacional hasta que un juez se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto emitido por el presidente y su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicado hace dos semanas en el Boletín Oficial.
La aceptación del amparo fue confirmada por Emiliana Mcnamara, secretaria general de Sevina, quien precisó que a partir de ahora rige una medida de "no innovar", lo que implica que "por ahora no podrían avanzar contra la disolución de Vialidad".
McNamara explicó que “Vialidad tiene una creación a partir de un decreto ley, que indica que no se podría disolver porque es un ente autárquico que funciona de manera autónoma”. Por este motivo, agregó la dirigente, la Ley Bases, legislación sobre la cual el Gobierno apoyó su decisión de cerrar el organismo, no tiene efecto sobre Vialidad Nacional. “Esto es inconstitucional”, sentenció.
De esta forma, el organismo encargado de planificar y ejecutar obras viales debería continuar existiendo como tal, al menos hasta que un juzgado resuelva la cuestión de fondo, es decir, la legalidad del cierre orquestado por Sturzenegger. Mcnamara subrayó además que el objetivo principal es “mantener Vialidad Nacional, porque es el ente que se tiene que encargar de cuidar las rutas nacionales”.
La presentación de SEVINA no fue la única acción legal recibida por la Justicia en contra del cierre de Vialidad. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) también había presentado una acción de amparo contra la disolución de ese organismo, así como de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, lo que indica un frente judicial amplio contra las medidas de desregulación.