Aseguran que pedófilo dirige un portal de noticias desde la cárcel y tiene vínculos con el Gobierno provincial

Tras la denuncia pública del legislador Jorge Lechman, quien utilizó su cuenta de X para apuntar directamente al portal de noticias "La Razón Fueguina", este martes estalló una nueva polémica en la provincia. Según el parlamentario, este medio, que se caracteriza por su línea editorial a favor del gobierno, es operado por un pedófilo condenado que se encuentra detenido en el penal de Río Grande.

Lechman no escatimó en críticas, y en sus publicaciones, enfatizó la paradoja de que "no hay plata para docentes, policía ni empleados públicos… pero contratan sicarios de la difamación", y agregó de manera contundente: "Gasten en la gente, no en medios truchos y menos en los manejados por pedófilos condenados".

El caso remite a la condena de este individuo en 2022, la cual probó su modus operandi de solicitar material íntimo a menores a través de medios digitales. La denuncia de Lechman plantea serios cuestionamientos sobre cómo es posible que una persona con este historial tenga acceso a dispositivos y a Internet desde la cárcel. La situación no es solo un tecnicismo, sino que representa un riesgo para la sociedad y una brecha de seguridad que podría permitirle mantener contacto con perfiles de menores, reproduciendo así el mismo patrón que lo llevó a prisión.

La polémica se intensifica al señalar que este individuo no solo maneja un medio de comunicación, sino que también tiene comunicación directa con la cúpula del poder político provincial. Las autoridades deberán esclarecer la existencia, frecuencia y finalidad de estos contactos, así como los canales y dispositivos utilizados.

El historial del condenado no es nuevo en la esfera pública: anteriormente fue autoridad del cuartel de Bomberos “2 de Abril”, que fue intervenido por manejos irregulares de fondos durante la gestión de Fabiana Ríos. El hecho de que una persona con este prontuario y esta condena siga siendo un actor en la vida política y mediática de la provincia genera una profunda indignación y exige una respuesta clara de las autoridades.