“Decidimos sobre la validez de la ley y el decreto, nada más”

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, María del Carmen Battaini, se refirió públicamente al fallo que resolvió rechazar las demandas de Jorge Lechman y Paulino Rossi contra la reforma constitucional. En diálogo con FM Del Pueblo, explicó los tiempos del proceso, detalló los incidentes que dilataron la resolución y marcó con claridad el límite del rol judicial.

“Fue un proceso extenso, con muchas presentaciones: primero una demanda, luego otra, una causa penal, recusaciones, excusaciones... todo eso fue alargando los tiempos”, relató Battaini, en referencia a las múltiples incidencias procesales que atravesó la causa desde diciembre de 2023.

Respecto al fallo en sí, la jueza fue tajante:

“Nosotros solamente hacemos referencia a lo que es nuestro rol: la validez formal y sustancial de una ley y de un decreto. Nada más que eso podemos decir”.

Battaini también respondió sobre su propia recusación, que fue promovida por Paulino Rossi:

“Se me recusó por haber firmado un despacho donde se le daba vista al fiscal. Entendieron que podía haber prejuzgado. Yo hice mi informe, pero una vez recusada, quedé apartada de la causa”.

La jueza aclaró que las recusaciones posteriores –contra sus colegas Edith Cristiano y Javier Muchnik– ocurrieron cuando ella ya no intervenía. Aun así, destacó que la decisión final del tribunal fue unánime entre los jueces habilitados:

“Los cuatro que estábamos en condiciones de intervenir lo hicimos, con adhesión y con votos propios”.

Consultada sobre la judicialización de la política, Battaini reconoció:

“Sí, claro que sí, se politiza un poco por judicializar la política. Pero nuestro rol es jurídico. No podemos decir si debe haber reforma o no. Eso es responsabilidad de los representantes elegidos por el pueblo”.

En relación a la posibilidad de que la sentencia sea apelada ante la Corte Suprema, Battaini sostuvo:

“Tiene su derecho, y me parece bien que lo haga. No somos quienes para quitarle el derecho a nadie”.

Finalmente, al ser consultada por el impacto institucional del proceso, la jueza cerró con una posición prudente pero firme sobre el rol del Poder Judicial:

“Modificar una Constitución es un tema sumamente importante para todos los ciudadanos. Nosotros decidimos de acuerdo a las leyes. Escucho las reflexiones, pero nuestra tarea es otra”.

El fallo del Superior Tribunal resolvió que la Ley 1529 es constitucional, que el decreto de convocatoria fue emitido en tiempo hábil, y otorgó un nuevo plazo de 210 días para que el Ejecutivo convoque a elecciones de convencionales.