Crece el temor por la reforma laboral con la nueva conformación del Congreso

 La reforma laboral se instaló en la agenda nacional a partir del anuncio del presidente Milei luego de las elecciones, que la planteó como prioritaria. El argumento oficial es que se busca generar nuevos empleos, pero hay modificaciones que preocupan.
La iniciativa toma como base un proyecto de ley presentado por la diputada libertaria Romina Diez, que contiene modificaciones en la jornada de trabajo, indemnizaciones y convenios colectivos. El proyecto reproduce varios de los artículos del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, actualmente suspendido por la justicia. Contempla una ampliación de la jornada laboral, que podría extenderse hasta un máximo de doce horas diarias, modificando el límite actual de ocho horas, ante lo cual Rivarola señaló por FM La Isla que “establecen la posibilidad de extender la jornada por un lado, y esto ahoga la posibilidad de que ingrese otro trabajador si se trabaja una jornada y media”.
Respecto de las vacaciones, se permitiría el fraccionamiento, habilitando a los trabajadores a tomar sus días de descanso en partes. Esto colisiona con convenios colectivos que plantean días corridos.

En cuanto a las indemnizaciones, dice que será posible pagarlas hasta doce cuotas mensuales, pero “no está en ningún lado el apartado sobre la modificación de las indemnizaciones” respecto del cálculo que hoy por la ley de contrato de trabajo reconoce un salario por cada año trabajado. “Yo tengo miedo de que en realidad haya otro el texto”, confesó.
También habla de la flexibilización de convenios y autoriza la implementación de sistemas de banco de horas y otros esquemas laborales flexibles, los cuales se podrán negociar mediante los convenios colectivos de cada sector.
Además, recupera la opción de abonar una porción del salario a través de prestaciones no dinerarias, como vales de comida o canastas de alimentos, un sistema conocido como “ticket canasta”.

Para las empresas se otorgan beneficios fiscales para fomentar la contratación de nuevo personal, en una suerte de régimen de incentivo para inversores de menor escala.
Aparentemente la estrategia oficial consiste en utilizar el proyecto de la diputada Diez como punto de partida. A este texto base se sumarían las sugerencias que surjan del Consejo de Mayo, un espacio de diálogo que incluye al representante gremial Gerardo Martínez y al empresario Martín Rappallini.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, es una de las figuras centrales detrás de la modernización laboral que busca el gobierno. Participó en la redacción del capítulo IV del DNU 70/23 antes de asumir su cargo público, capítulo que se encuentra suspendido por la justicia laboral, a la espera de una definición final por parte de la Corte Suprema. Sobre esto Rivarola señaló que “por empleados de comercio nosotros presentamos el amparo y nos dieron lugar, porque era un decreto, pero esto se está modificando por ley”, advirtió.

Al margen de los puntos mencionados, el Secretario de Trabajo habló sobre la intención del gobierno de avanzar sobre otros aspectos de la legislación laboral y fundamentalmente revisar los convenios colectivos, especialmente la obligatoriedad de los aportes sindicales y el concepto de ultraactividad, el cual mantiene vigente un convenio colectivo hasta que se negocia uno nuevo.
Las negociaciones paritarias también sufrirían modificaciones y se pretende que se discutan por productividad y por empresa, un modelo similar al implementado en la década de los noventa durante el gobierno de Carlos Menem, con Domingo Cavallo como ministro de Economía.
“Hay que leerla completa porque a veces una simpleza está en un renglón. Los medios nacionales hablan de un proyecto de ley que presentó una cantidad de diputados”, que no sería por lo que vislumbra el texto definitivo.
“En esta ley no habla de la ultraactividad de los convenios colectivos y es un proyecto del año pasado. La ley bases estableció la extensión de los periodos de prueba, nosotros no adherimos nunca y tenemos un periodo de prueba de seis meses en todas las empresas”, dijo.
Reconoció que “hay un temor por cómo quedará compuesta la Cámara y apuesto a esta mesa de diálogo. Hay que ver qué texto sale de esa mesa de diálogo y tengo entendido que es vinculante”.
“Yo vi capítulos que no estaban y no condecían con lo que se decía en los medios. No sabemos si lo que se va a tratar va a ser un proyecto nuevo”, insistió.