por Provincia 23
Villegas remarcó que la discusión que se reabrió recientemente, impulsada por un proyecto del Poder Ejecutivo provincial, está llena de “confusiones políticas y jurídicas, y que se pretende hacerle decir a la ley cosas que no dice”, dijo en una extensa entrevista con FM del Pueblo.
En este marco, el parlamentario provincial realizó un análisis exhaustivo sobre el marco legal vigente, el modelo de desarrollo que la provincia debe priorizar y los intereses económicos que rodean la actividad.
Una ley nacida de un consenso histórico: qué permite y qué prohíbe la 1355
El legislador recordó el proceso legislativo que dio origen a la Ley 1355, que prohibió la instalación de salmoneras en el mar y en los lagos fueguinos, y que se convirtió en un hito de participación ciudadana.
“La ley 1355 fue construida, debatida con una amplia e histórica participación ciudadana. Reguló una de las modalidades de acuicultura, la salmonicultura, y lo hizo prohibiendo sólo una modalidad, el cultivo intensivo en lagos y mares, el modelo industrial chileno”.
Villegas aclaró de forma contundente que “la ley no prohíbe la cría de salmones en tierra, muy por el contrario, reconoció y amparó a quienes ya lo hacían legalmente, como el emprendimiento de Fabián Valdez en Almanza”.
Asimismo, dijo que “la ley deja abierta la posibilidad de los sistemas RAS en tierra, no sólo no los prohíbe, sino que reconoce emprendimientos que ya existen, la prohibición es únicamente para el cultivo intensivo en cursos de agua: lagos, ríos y mar”.
Para el legislador, es esencial distinguir entre “acuicultura terrestre, basada en sistemas de recirculación de agua, y los grandes centros de engorde en mar abierto, que generan impactos ambientales, sanitarios y sociales ampliamente documentados”.
En este sentido, sostuvo que “no se puede decir que la salmonicultura transformará la matriz productiva, es falso”, afirmó.
Uno de los argumentos esgrimidos por sectores que impulsan la modificación de la ley es que la actividad generaría cientos o miles de puestos de trabajo, lo cual Villegas desmintió con firmeza esa idea, dado que “es una falacia, nadie pudo mostrar, con proyectos concretos, cuántos puestos de trabajo generaría, teniendo en cuenta que en Tierra del Fuego no tenemos la escala ni las condiciones de Chile, en el mejor de los casos, sería un emprendimiento para unas veinte personas”.
El legislador recordó que “la provincia posee aproximadamente 200 kilómetros de litoral apto, excluyendo áreas donde está prohibido por otras razones, sumado a un régimen de mareas y vientos ‘muy particular’, factores que limitan en extremo la expansión de emprendimientos de gran escala”.
Además, reprochó que el Ejecutivo nunca haya “presentado proyectos formales de empresarios interesados con datos, inversiones, montos o previsiones de empleo”, dijo, al tiempo que agregó que “ningún funcionario pudo mostrar un solo papel que respalde esas promesas, son declaraciones vacías.”
El dictamen en debate: cuestionamientos de legalidad y forma
Un punto clave es el análisis jurídico, donde Villegas advirtió que el “dictamen aprobado en agosto de 2025 en Río Grande, que abrió la puerta al debate sobre la modificación de la ley, padece de vicios jurídicos”.
En este marco, dijo que “el dictamen no respetó las reglas del reglamento interno ni de las comisiones, los legisladores no estamos autorizados a hacer lo que queremos con el marco normativo vigente, estamos obligados a cumplirlo.”
Para el parlamentario, este proceso “está viciado de ilegalidad e inconstitucionalidad porque se apartó del procedimiento previsto para tratar una ley vigente y no respetó la composición reglamentaria mínima para emitir dictámenes”.
“Si permitimos estas irregularidades, mañana cualquier mayoría circunstancial podrá imponer cualquier cosa, y eso es gravísimo en términos institucionales.”
Señalamientos políticos: críticas directas al Gobernador
Villegas fue explícito al cuestionar un giro político del Ejecutivo al sostener que “el gobernador apoyó la ley 1355 en 2021, la defendió en la campaña de 2023 y hoy impulsa un proyecto para contradecirla, ayer pensaba una cosa, hoy piensa otra.”
Para el legislador, el cambio de postura del Gobierno “no responde a criterios ambientales ni productivos, sino a presiones de sectores económicos concentrados”, dijo, al tiempo que agregó que “hay grupos fácticos a los que les molesta una ley que protege el ambiente, que es un patrimonio de todos, quieren poder usar el agua, un recurso público, sin límites y con un Estado débil que no fiscalice”.
Una defensa del modelo turístico y de la diversificación productiva sustentable
El representante del MPF ubicó el debate en una cuestión mayor como es el modelo de desarrollo provincial y en este sentido destacó que “la provincia debe fortalecer actividades que demuestran sostenibilidad, distribución justa del ingreso y capacidad de generar empleo genuino, como el turismo”.
Por tal motivo, dijo que “el turismo es una actividad amigable con el ambiente, genera miles de puestos de trabajo y distribuye riqueza de manera solidaria, la salmonicultura industrial concentra ganancias en uno o dos empresarios”.
Para Villegas, Tierra del Fuego posee un patrimonio natural “envidiable en el mundo, y la decisión política debe orientarse a convertirlo en motor de empleo tanto en la zona sur como en el centro y el norte”.
Apertura a otras formas de acuicultura: algas, erizos, mejillones y cultivos en tierra
Pese a su postura firme contra la salmonicultura industrial en el mar, el legislador dejó en claro que “no es opositor a todas las formas de acuicultura”.
Citó jornadas realizadas en la UNTDF que abordaron experiencias sostenibles, y destacó que “existen múltiples alternativas posibles en el país”.
“No estoy en contra de la acuicultura. Argentina tiene posibilidades enormes: cultivo de algas, erizos, peces en tierra con sistemas serios y sostenibles. Lo que no podemos permitir es un modelo que destruye ecosistemas y compite con la pesca artesanal”.
También recordó que en “Almanza funcionan cultivos de mejillones y sistemas RAS legales, y reivindicó que estos modelos pueden crecer sin afectar el ambiente ni la vida de los pescadores artesanales”
Del mismo modo, expresó que “hay que generar empleo, por supuesto, pero no a costa de destruir un recurso natural que pertenece a todos”.
Una discusión que expone intereses y define el futuro institucional
Villegas planteó que este debate será una “prueba para la Legislatura y para la calidad institucional de la provincia, dado que esta es una oportunidad para que definamos qué tipo de Estado queremos. Uno que respete la ley y el marco institucional, o uno donde todo se pueda torcer bajo la excusa de la política”.
Y reafirmó su compromiso personal de que “no le debo nada a nadie, voy a votar en función de mis convicciones y del interés del pueblo de la provincia”.
Por último, el legislador Pablo Villegas dejó claro que “la discusión sobre las salmoneras no es sólo ambiental ni productiva, es institucional, jurídica, ética y política, por lo cual, desde mi lado anticipo que defenderé con firmeza la vigencia de la Ley 1355 y un modelo de desarrollo sustentable para Tierra del Fuego, mientras exige que quienes impulsan cambios presenten argumentos, proyectos concretos y respeten la legalidad del proceso legislativo”.
Cabe remarcar, que el debate continuará en las próximas sesiones, donde se espera una exposición aún más detallada de los fundamentos jurídicos y ambientales que el legislador ya adelantó en esta entrevista.