La crisis de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en una emergencia concreta.
La decisión de la Clínica San Jorge de restringir la atención a afiliados, limitándola solo a urgencias vitales y tratamientos oncológicos, expuso con crudeza un sistema sanitario provincial que funciona al límite y sin red de contención financiera.
El detonante inmediato fue la falta de ratificación de un convenio firmado en septiembre entre la clínica y la presidencia de OSEF, que nunca obtuvo aval del Directorio. Pero detrás del conflicto contractual emerge un problema mucho más profundo como lo es una obra social sin conducción plena, con una deuda multimillonaria acumulada y sin capacidad de garantizar previsibilidad a los prestadores.
Un convenio acordado y bloqueado
Según explicó el doctor Carlos Sánchez Posleman, el acuerdo había sido “trabajado y consensuado durante meses con la presidenta de OSEF y la Dirección General”.
El esquema contemplaba un “techo presupuestario cercano a los $2.000 millones, con un modelo de riesgo compartido, si el gasto superaba ese monto, la clínica absorbía el exceso; si había ahorro, se repartía entre la obra social, la clínica y el hospital público”, dijo a Radio Provincia.
El objetivo era claro: integrar el sistema público y privado, ordenar el gasto y darle sustentabilidad a un modelo sanitario complejo y costoso como el fueguino.
Sin embargo, la renuncia del “vicepresidente de OSEF a fines de octubre dejó al Directorio sin posibilidad de operar con normalidad, sin vicepresidente designado, los representantes de activos y pasivos se negaron a ratificar el convenio”.
El resultado fue letal, donde “OSEF quedó sin contrato vigente con su principal prestador privado, y la clínica quedó expuesta a seguir atendiendo sin respaldo legal ni garantía de cobro”.
El profesional médico dijo que el dato más contundente es el financiero al indicar que la “deuda vencida es cercana a los $6.000 millones y la deuda total financiada (incluyendo prestaciones ya brindadas y no cobradas) cerca de $10.000 millones”.
En un contexto de tasas de interés superiores al 70%, la Clínica San Jorge debió “recurrir a créditos bancarios para sostener salarios, guardias médicas, insumos y tecnología. Pero el margen se agotó”.
“La salud es cara”, remarcó Sánchez Posleman, detallando costos que grafican la magnitud del problema como por ejemplo una “prótesis vasculares están en alrededor de $100 millones cada una, los Stent diversor de flujo para aneurismas cerebrales $45 millones, marcapasos y dispositivos de alta complejidad íntegramente importados”.
Puntualizó que “en el sistema sanitario argentino no existen mecanismos eficaces para cobrar intereses por pagos atrasados, ni obras sociales provinciales, ni PAMI, ni prepagas reconocen automáticamente el costo financiero de la mora, el prestador absorbe la pérdida”, graficó.
Prestaciones restringidas y prioridades forzadas
Ante este escenario, la clínica decidió dejar de prestar servicios regulares a OSEF, manteniendo únicamente las “urgencias con riesgo de vida, tratamientos oncológicos, patologías crónicas graves”, mientras que “el resto de las prácticas quedó supeditado a la disponibilidad presupuestaria, cirugías programadas, como cataratas, podrían postergarse meses, no por criterios médicos, sino por restricciones financieras”.
“Es un cambio de paradigma peligroso, la planificación sanitaria empieza a definirse por caja y no por necesidad clínica”.
El factor político: una obra social rehén de su Directorio
Sánchez Posleman fue explícito al señalar que “el problema no fue la falta de diálogo, sino la parálisis institucional”.
“La ausencia de un vicepresidente bloqueó decisiones clave durante semanas, mientras la Legislatura postergó el tratamiento de la crisis financiera de OSEF para marzo”.
Recién tras el contacto directo con el gobernador Gustavo Melella, el Ejecutivo avanzó en el nombramiento de un vicepresidente, (ayer fue nombrado Gustavo García), habilitando al Directorio a funcionar, aun con disidencias.
Para el titular de la clínica, esa decisión “destrabó parcialmente el conflicto y abrió una ventana de negociación”.
“Pero el daño ya estaba hecho, 15 días sin contrato, sin previsibilidad y con atención restringida”.
Un sistema que se sostiene con parches
El contraste con otros financiadores es elocuente, al marcar que “prepagas privadas, IOSFA y la mayoría de las obras sociales sindicales pagan entre 30 y 90 días, algunas incluso adelantaron pagos frente a la crisis”.
OSEF, en cambio, se convirtió en el “principal factor de inestabilidad financiera para el sector privado de salud”.
Resaltó que “la Clínica San Jorge emplea a “460 trabajadores en relación de dependencia y articula con 120 médicos”.
Su eventual colapso no sería solo un problema empresarial, sería un impacto sistémico sobre la atención sanitaria en Ushuaia, donde el hospital público y la clínica funcionan como pilares complementarios.
Una advertencia que excede a una clínica
El conflicto entre OSEF y la Clínica San Jorge no es un episodio aislado, por el contrario, es la manifestación visible de un modelo de financiamiento agotado, una conducción política fragmentada y un sistema de salud que opera sin colchón financiero.
Si no se ordenan las cuentas, si no se garantizan contratos viables y si no se asume que la salud tiene costos reales, el riesgo es claro: que la atención deje de ser un derecho garantizado y se transforme en una variable de ajuste.
La crisis está planteada, la pregunta ya no es si OSEF puede seguir funcionando como hasta ahora, sino cuánto más puede sostenerse sin arrastrar consigo a todo el sistema sanitario fueguino.