15 de enero: celulares sin arancel y un futuro incierto

El próximo jueves 15 de enero de 2026 marcará un punto de inflexión para el mercado de la electrónica en la Argentina. Ese día se completará la eliminación total del arancel de importación de teléfonos celulares, una reducción que se implementó en etapas durante 2025 y que deja en 0% el derecho de ingreso de estos productos. En paralelo, el Gobierno nacional dispuso la rebaja del arancel a las consolas de videojuegos, que pasa del 35% al 20%, y modificó el esquema de impuestos internos para otros electrónicos: televisores y aires acondicionados importados tributarán 9,5%, mientras que los fabricados en Tierra del Fuego quedarán en 0%.

Desde la Casa Rosada, la justificación es clara: abaratar precios, aumentar la competencia y reducir la brecha entre los valores locales y los internacionales. Sin embargo, en el extremo sur del país, donde se concentra el grueso del ensamble electrónico, las medidas encendieron una señal de alarma.

En efecto, Tierra del Fuego depende fuertemente de su régimen de promoción industrial, vigente desde la década del setenta, que convirtió a la provincia en el principal polo de ensamblaje de celulares, televisores y electrodomésticos del país. La industria electrónica explica una parte central del empleo privado fueguino y genera, además, un importante entramado de puestos indirectos en logística, comercio y servicios.

En ese contexto, la eliminación del arancel a los celulares es vista como el cambio más sensible. El teléfono móvil es el producto de mayor volumen del esquema fueguino y uno de los que más empleo concentra. Con el arancel en cero, el celular importado pasa a competir de manera directa con el ensamblado local, debilitando uno de los principales incentivos económicos para producir en la isla.

A esto se suma que, a diferencia de otros rubros, Tierra del Fuego no produce consolas de videojuegos, por lo que la baja del arancel del 35% al 20% impacta casi exclusivamente a favor del producto importado, sin un correlato positivo en términos industriales locales.

No obstante, el cuadro no es homogéneo. En el caso de televisores y aires acondicionados, el nuevo esquema de impuestos internos mantiene una ventaja fiscal para la producción fueguina, ya que los bienes fabricados en la provincia tributarán 0%, frente al 9,5% de los importados. Esta diferencia podría permitir que parte de la industria conserve competitividad y sostenga niveles de actividad, al menos en esos segmentos.

Pese a ello, el temor dominante en la provincia es que el golpe sobre los celulares genere un efecto dominó. Una caída en la producción no solo impactaría en las plantas, sino también en el consumo local, el comercio, el transporte y los servicios, en ciudades cuya economía gira en torno a la industria electrónica. Desde los sindicatos advierten que el problema no es solo cuántos puestos directos están en juego, sino el impacto social más amplio que tendría una contracción del sector.

Por esa razón, tras los anuncios oficiales, la reacción en Tierra del Fuego fue inmediata. La Unión Obrera Metalúrgica encabezó paros y movilizaciones, mientras que el gobierno provincial alertó sobre el riesgo para las fuentes laborales y buscó compromisos empresariales para evitar despidos. El gobernador Gustavo Melella calificó la medida como un golpe duro para la industria fueguina y remarcó que lo que está en discusión no es solo un esquema productivo, sino el arraigo poblacional y el desarrollo en una zona estratégica del país.

Desde el sector empresario, el mensaje fue más cauteloso. Las compañías y la cámara que agrupa a las fábricas electrónicas reconocen que la baja de impuestos internos va en la dirección correcta para reducir costos, pero advierten que la apertura arancelaria genera incertidumbre y obliga a recalcular estrategias. Entre las alternativas que se evalúan aparecen la reducción de márgenes, la reorganización de la producción y el uso de canales de venta directa desde la isla al continente para mejorar competitividad.

Así, el 15 de enero de 2026 se perfila como una fecha clave. Para el Gobierno nacional, representa la consolidación de una política de apertura orientada a bajar precios al consumidor. Para Tierra del Fuego, en cambio, abre una etapa de transición cargada de interrogantes, en la que el desafío será sostener empleo y actividad en un escenario con menos protección y mayor competencia externa.