El cierre de la "Oferta Abierta" de Rockhopper Exploration, anunciado ayer viernes 16 de enero, arroja un resultado que debería encender todas las alarmas en la Cancillería argentina, del presidente Javier Milei y la gestión del gobernador fueguino Gustavo Melella: el mercado financiero internacional ha blindado políticamente el proyecto Sea Lion mediante una participación masiva de capitales.
La compañía anunció que buscaba colocar 13 millones de acciones, pero recibió pedidos por más de 101 millones. Esta sobredemanda del 773,1% es una prueba de confianza absoluta de los inversores en la impunidad del proyecto extractivo que se desarrolla ilegalmente en aguas de la plataforma continental argentina.
El capital de la ocupación se multiplica
Con este resultado, Rockhopper suma otros 9,2 millones de dólares a su ya robusto botín del saqueo. Aunque la cifra parece menor frente a los 2.100 millones del costo total del proyecto, el dato político es devastador: