"Intervinieron el Puerto de Ushuaia sin una sola explicación seria. Es una decisión autoritaria, tomada desde Buenos Aires, para quedarse con los recursos de Tierra del Fuego", afirmó López. La legisladora recordó que el Puerto de Ushuaia fue transferido a la Provincia en 1992 y ratificado por un decreto nacional en 2002, y que durante más de treinta años la Provincia lo administró y lo convirtió en un polo estratégico internacional.
López desmintió los argumentos oficiales, afirmando que no hay desmanejo, abandono ni colapso, y que el puerto funciona con normalidad y bate récords de actividad. También rechazó las acusaciones de desvío de fondos y recordó que la Ley Provincial N° 1596 fue aprobada por unanimidad en la Legislatura y no implicó ningún desvío de fondos.
La senadora denunció que el Estado nacional avanzó sobre la recaudación del puerto, instruyendo a los operadores a facturar y depositar los servicios a favor de la Nación, y vinculó la intervención con las discusiones sobre la Base Naval Integrada y la injerencia de los Estados Unidos en el Atlántico Sur. "El control del Puerto de Ushuaia no es un tema menor. Acá está en juego la soberanía, la presencia argentina en la Antártida y quién decide sobre nuestros recursos estratégicos", afirmó López.