El Puerto de Ushuaia bajo asedio: Sabsay advierte que la intervención nacional es "inconstitucional e irracional"

*​El avance sobre la autonomía fueguina*

​Lo que comenzó como un conflicto administrativo por el control del Puerto de Ushuaia ha escalado a una crisis constitucional de proporciones mayores. En las últimas horas, el reconocido jurista Daniel Sabsay arrojó luz sobre la fragilidad legal de la medida adoptada por el Gobierno nacional, calificándola como una “desnaturalización” de las facultades del Ejecutivo central.
​Según el experto, lo que Nación intenta presentar como una simple resolución es, en los hechos, una intervención federal encubierta; un "garrote administrativo" ejecutado sin el consenso democrático que exige la Carta Magna.

*​Un salto sobre las vallas republicanas*

​El núcleo del escándalo radica en las formas. Sabsay es tajante: para intervenir cualquier estamento provincial, la Constitución exige una ley aprobada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, en este caso, se ha optado por un reglamento de oficina para confiscar competencias que pertenecen por derecho a Tierra del Fuego.

  ​“Es un procedimiento    increíble e irracional”, afirmó Sabsay, haciendo hincapié en el uso de fuerzas federales para ejecutar un acto administrativo, un movimiento que rompe el equilibrio de poderes.

*​El peligro del precedente: ¿Todo es "manoteable"?*

​Para el ciudadano de a pie en la Isla, este conflicto trasciende los despachos de abogados. El mensaje que envía Buenos Aires es peligroso: bajo esta lógica, cualquier recurso local podría ser capturado con una sola firma desde la Capital Federal.
​Esta situación deja a las provincias en un estado de vulnerabilidad absoluta, supeditadas al "humor del puerto porteño" y vaciando de contenido el federalismo argentino.

*​El destino final: La Corte Suprema*

​Al tratarse de un conflicto directo entre una provincia y la Nación, el escenario de resolución es inevitable: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
​La carga de la prueba: Según Sabsay, es el Gobierno nacional quien debe demostrar una "excepcionalidad" que justifique este atropello.
​El límite constitucional: La intervención solo procede ante la pérdida de la forma republicana o invasión extranjera, figuras que distan mucho de una disputa por la gestión portuaria.
​Ahora, la pelota está en la cancha del máximo tribunal, que deberá decidir si frena este avance o permite que se siente un precedente que pone en jaque la autonomía de todas las provincias argentinas.