Con una población estimada de más de 25.000 perros de vida libre, los ataques a la ganadería y la fauna nativa son cada vez más frecuentes y violentos. Los productores rurales se ven obligados a financiar sus propias defensas, lo que es injusto e insostenible. La situación es tan grave que la provincia ha sido testigo de episodios de extrema violencia, como el reciente ataque en febrero de 2026, donde más de 100 animales fueron masacrados en una sola noche.
A pesar de la existencia de la Ley Provincial N.º 1146, que habilita el control letal en zonas rurales, la capacidad operativa de la provincia para realizar capturas efectivas es prácticamente inexistente. Los operativos de extracción se cuentan por unidades aisladas, y la provincia ha optado por profundizar el diagnóstico permanente en lugar de ejecutar un plan sistemático de control.
La reproducción de los perros cimarrones es un problema grave. Una hembra cimarrona puede tener hasta dos camadas anuales, con un promedio conservador de cinco cachorros por parición. Si se mantiene la actual inacción estatal, la población podría duplicarse o triplicarse en los próximos dos años, alcanzando entre 60.000 y 75.000 ejemplares.
Es hora de que el Estado tome acción y deje de lado los diagnósticos y debates técnicos. La situación es urgente y requiere una respuesta inmediata. La provincia necesita un plan sistemático de control y captura de perros cimarrones, así como apoyo y recursos para los productores rurales.
La Guía de Manejo presentada en 2025 es un documento académico valioso, pero no evita ataques ni protege a los productores. La provincia ha fallado en transformar la ley en logística y la normativa en acción concreta. Es tiempo de que Tierra del Fuego recupere el control efectivo de su territorio antes de que los perros cimarrones dejen de ser una plaga para convertirse, definitivamente, en los dueños de la isla.