Según la resolución, la ANPyN actúa como Autoridad Portuaria Nacional y Unidad Ejecutora de la intervención, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios, la seguridad portuaria y el cumplimiento de la normativa vigente. Sin embargo, los abogados consultados por EDFM advierten que esta medida constituye un desvío directo de fondos producidos en Tierra del Fuego hacia Nación.
La comunicación oficial enviada por la ANPyN a los prestadores locales establece que los pagos deberán transferirse a una cuenta bancaria de la Administración General de Puertos S.A.U. en el Banco de la Nación Argentina, y que los comprobantes deberán remitirse a la tesorería nacional para su imputación contable. Esto significa que los recursos generados en el Puerto de Ushuaia salen directamente de la provincia sin afectación específica y sin control de los ingresos producidos y los gastos efectuados.
Los abogados consultados consideran que se trata de un cobro indebido encubierto, ejecutado bajo la figura de una intervención administrativa. La medida ha generado un gran cuestionamiento político e institucional, ya que no solo redefine quién administra el puerto, sino que consolida un modelo de centralización y desvío de fondos que vacía de recursos a la provincia y profundiza la pérdida de autonomía económica de Tierra del Fuego.