La intervención federal del puerto de Ushuaia continúa sumando cuestionamientos legales de peso. En esta oportunidad, el reconocido abogado constitucionalista Daniel Sabsay analizó el andamiaje jurídico detrás de la medida dispuesta por el Gobierno Nacional y fue tajante: la estructura actual vulnera principios básicos de la República.
Un avance sobre la autonomía
Según Sabsay, el proceso de intervención fue ejecutado por un órgano administrativo mediante un reglamento, lo cual, en sus palabras, "viola la separación de poderes". El letrado subrayó que no se trata de un error técnico menor, sino de una maniobra deliberada.
“Cuesta creer que sea por desconocimiento; ha habido claramente una situación de poder”, afirmó el abogado en declaraciones a FM Del Pueblo.
El rol del Fiscal de Estado
Uno de los puntos más críticos señalados por el especialista es la omisión del Fiscal de Estado en el proceso. Sabsay aclaró que, si bien su participación no tiene fuerza vinculante (es decir, no es obligatoria su aprobación para avanzar), su intervención es "absolutamente necesaria".
El constitucionalista advirtió que saltear esta figura de control conlleva directamente a una situación de irregularidad jurídica, debilitando la legitimidad de cualquier acción tomada por la intervención.
Alerta por malversación de fondos
Finalmente, Sabsay puso el foco en el destino de los recursos económicos que genera la terminal portuaria. Fue enfático al señalar que la recaudación debe permanecer bajo la órbita de la administración del puerto.
El riesgo legal: Si los fondos son desviados o utilizados fuera de su fin específico, se entraría en la figura de malversación de fondos.
Consecuencia: Esto trasladaría el conflicto del plano administrativo al terreno penal.