"Uno de los puntos principales era garantizarle el sueldo a los trabajadores, y hoy, después de reuniones, marchas y distintas acciones, se logró asegurar ese ingreso durante un año", expresó Calderón. El acuerdo representa un "paso grande" en un contexto de profunda incertidumbre, ya que había familias que no sabían qué iba a pasar.
A pesar del acuerdo, la CGT fue categórica al cuestionar la medida dispuesta sobre el puerto. "Para nosotros esto no es una intervención, es una usurpación a la provincia", afirmó Calderón, al tiempo que advirtió que existen "situaciones irregulares" que motivaron el desembarco de la Nación y que deberán ser investigadas.
La central obrera avanza en el plano judicial y está planteando una denuncia penal contra la intervención. "Nuestros abogados y los equipos legales de distintos sindicatos están analizando todos los puntos porque esto es un atropello", afirmó Calderón.
El referente sindical también puso en duda los argumentos oficiales que justificaron la medida. "Hablan de mal uso del dinero con una ley que nunca se aplicó, y dicen que el puerto no puede operar, pero resulta que no puede hacerlo con el Gobierno provincial y sí a nivel nacional. Es una situación rara, que cualquiera puede ver", cuestionó.
Para la CGT Ushuaia, detrás del conflicto hay intereses que exceden lo administrativo. "Acá hay gente interesada en otra cosa. Lo que está pasando es un intento de sacarnos nuestros recursos y derivarlos directamente a Nación. Estamos ante un robo a la provincia", lanzó Calderón.
Finalmente, dejó en claro que el acuerdo salarial no clausura la pelea sindical. "Celebramos este paso porque protege a los trabajadores, pero vamos a seguir dando la discusión legal y política hasta que se revierta esta situación y los compañeros puedan volver a cumplir sus funciones", concluyó.