Tras el encuentro, finalizado alrededor de las 19.30 horas, se desarrolló un congreso provincial informativo con la participación de más de 170 delegados y delegadas. Allí se resolvió trasladar la propuesta a las bases y convocar a asambleas los días viernes 20 y lunes 23 de febrero para definir colectivamente las acciones a seguir.
El Ejecutivo presentó un esquema de incrementos del valor índice del 1% para febrero de 2026 y del 1% acumulativo para marzo, abril, mayo, junio y julio. Según los cálculos oficiales, la propuesta representaría un 9,34% acumulado al mes de julio. Además, se planteó una revisión trimestral atada a la evolución de los recursos provinciales.
Desde el sindicato señalaron que, en términos concretos, el aumento equivale a apenas 11.475 pesos mensuales desde febrero hasta julio, cifra que consideran absolutamente insuficiente frente al proceso inflacionario y la pérdida sostenida del poder adquisitivo.
“La docencia no puede aceptar un 1% de incremento en un contexto de profunda crisis económica”, expresaron desde la conducción gremial, remarcando que la propuesta no contempla una verdadera recomposición salarial.
El gremio reiteró la necesidad urgente de alcanzar, como piso salarial, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), tal como lo establecen el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según un estudio realizado por la consultora económica MATE, el SMVM debería ubicarse en torno a los 2.510.000 pesos para cubrir adecuadamente las necesidades básicas de una familia trabajadora.
Desde la organización sindical señalaron que no se trata únicamente de garantizar el sustento alimentario, sino de asegurar condiciones de vida dignas que incluyan vivienda, educación, vestimenta, atención sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.
En ese sentido, advirtieron que el nivel de endeudamiento que atraviesan actualmente las familias docentes resulta “insostenible y asfixiante”, empujando a muchas y muchos trabajadores a una lógica de mera supervivencia. “El trabajo debe permitir el desarrollo de un proyecto de vida pleno, no convertirse en una condena permanente a la precariedad”, sostuvieron.
Otro de los puntos señalados durante la mesa paritaria fue la deuda que el Gobierno mantiene respecto al impacto del 2% correspondiente a julio de 2025 para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de ese año. Se trata de un compromiso asumido en el último acuerdo salarial homologado.
Si bien el Ejecutivo manifestó que su aplicación se hará efectiva durante el ejercicio 2026, desde el sindicato cuestionaron que no se haya establecido una fecha concreta de cancelación ni se haya respondido a lo solicitado en las instancias previas.
El sindicato volvió a plantear la necesidad de implementar un plan de desendeudamiento docente, reclamo que viene sosteniendo desde 2020. La propuesta consiste en un esquema de financiamiento no bancario que absorba la totalidad de la deuda familiar en entidades bancarias y financieras, con una tasa de interés del 0% a cinco años, incluyendo tres o seis meses de gracia según el monto de la cuota.
Asimismo, el gremio plantea que la cuota resultante no supere el 20% del salario neto de cada docente, como mecanismo para evitar un nuevo ciclo de endeudamiento.
En el cierre del congreso provincial, se insistió en la necesidad de abrir un debate profundo sobre la distribución de la riqueza en la provincia. Desde el sindicato sostienen que la concentración de recursos en pocos sectores económicos impacta directamente en el deterioro de las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores.
Con el ciclo lectivo a punto de comenzar y un clima de alta tensión, las asambleas convocadas para los próximos días serán clave para definir el rumbo del conflicto. La docencia fueguina deberá decidir colectivamente si acepta la propuesta oficial o profundiza las medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial que, según sostienen, permita recuperar la dignidad del trabajo docente.