Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver la disputa por el control del Puerto de Ushuaia

El caso enfrenta formalmente a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con el Estado Nacional, en una controversia que combina argumentos jurídicos, financieros y políticos, y que tiene como telón de fondo el control de una de las infraestructuras estratégicas más relevantes del extremo sur del país.

El camino procesal hacia la Corte

El 10 de febrero, el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, declaró su incompetencia para entender en la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por el gobernador Gustavo Melella contra la Nación. La resolución se basó en que, al tratarse de un litigio entre una provincia y el Estado Nacional, corresponde la intervención directa del máximo tribunal.

La estrategia de las partes coincidió en un punto: acelerar los tiempos. El fiscal federal interino Fernando Rota avaló la declaración de incompetencia y renunció expresamente a los plazos procesales para evitar dilaciones. En paralelo, la provincia —representada por el constitucionalista Antonio María Hernández— solicitó la inmediata elevación del expediente.

Ante la licencia del juez Calvete, la jueza subrogante Mariel Borruto ordenó el pase digital a la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte. Desde el miércoles 18 de febrero, el expediente se encuentra en el Palacio de Tribunales, en la calle Talcahuano.

El origen del conflicto

La controversia se desencadenó el 20 de enero, cuando la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), dependiente del Ministerio de Economía, dictó la Resolución 4/2026. La medida, firmada por el director ejecutivo Iñaki Arreseygor, dispuso la suspensión preventiva de la habilitación del muelle y ordenó una intervención administrativa, técnica y operativa del puerto.

Desde la Nación se argumentó que una auditoría realizada en octubre de 2025 detectó presuntas deficiencias en materia de seguridad estructural e insuficiencia de inversiones. Además, el Gobierno nacional sostuvo que la provincia habría incumplido el convenio de transferencia del puerto suscripto en 1992, al no mantener separados los ingresos portuarios de las rentas generales.

El punto más controvertido fue la sanción de la Ley provincial 1.596, en julio de 2025, que autorizó el uso de fondos portuarios para asistir financieramente a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y habilitó préstamos por 4.200 millones de pesos al Ejecutivo provincial. Para la Casa Rosada, esas decisiones vulneraron el marco jurídico del traspaso del puerto.

La defensa fueguina

El Gobierno de Tierra del Fuego rechazó la intervención por considerarla un avasallamiento de la autonomía provincial. En su presentación judicial, patrocinada por los juristas Juan Carlos Cassagne y Emiliano Víctor Fossatto, la provincia solicitó una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución nacional y que se declare su inconstitucionalidad.

Desde la Dirección Provincial de Puertos, su entonces titular Roberto Murcia sostuvo que los fondos previstos en la ley cuestionada no fueron transferidos a la obra social y que los 4.200 millones constituyeron una inversión financiera con garantías e intereses, sin afectar la operatividad ni la sustentabilidad del sistema portuario.

Para la administración fueguina, el conflicto excede una discusión contable y se inscribe en el debate sobre el alcance del federalismo argentino y las competencias no delegadas al poder central.

Una terminal estratégica en plena temporada alta

Mientras la Corte analiza el caso, la intervención nacional permanece vigente. El control operativo recae en funcionarios designados por la ANPyN, bajo la coordinación del dirigente sindical Juan Avellaneda, referente de la Unión del Personal Superior Ferroviario (UPSF) en la provincia.

La indefinición judicial coincide con el momento de mayor actividad del puerto: la temporada alta de cruceros. La terminal recibe en promedio unas 700 embarcaciones anuales y administra un presupuesto cercano a los 22.000 millones de pesos.

Durante 2024 transitaron por sus muelles más de 232.000 personas. En 2025 se registraron 511 buques de pasajeros, 34 pesqueros y 30 naves de carga. Este último segmento resulta vital para la economía fueguina, ya que moviliza más de 19.300 contenedores anuales con insumos destinados a la industria electrónica radicada en la provincia bajo el régimen de promoción industrial.

Un fallo con impacto institucional y económico

La decisión que adopte la Corte Suprema no solo definirá quién administra el puerto más austral del país, sino que sentará un precedente sobre los límites de la intervención federal en organismos descentralizados provinciales y el alcance de los convenios de transferencia celebrados en los años noventa.

En juego no solo está la conducción de una terminal estratégica, sino también el equilibrio entre Nación y provincia en un contexto económico complejo, donde cada recurso y cada competencia adquieren un valor determinante.

El pronunciamiento del máximo tribunal será, en definitiva, mucho más que un fallo administrativo: marcará el rumbo institucional del sistema portuario fueguino y su inserción en el esquema federal argentino.