La notificación lleva la firma del presidente de la DPP, Roberto Murcía, y se enmarca en el conflicto institucional abierto luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispusiera la intervención del puerto el pasado 21 de enero, asumiendo la administración y redireccionando la recaudación a una cuenta ajena a la Provincia.
Salarios y gastos operativos
Según consta en el expediente administrativo DPP-N-194-2026, la intervención nacional implicó la toma de posesión de las instalaciones portuarias sin que se estableciera un mecanismo de compensación financiera equivalente. En consecuencia, la DPP sostiene que quedó impedida de administrar su principal fuente de ingresos.
El monto total reclamado asciende a $1.438 millones y se compone de:
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$1.057 millones correspondientes a la masa salarial de enero de 2026, que no habría sido cubierta por la ANPyN.
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$381 millones por gastos operativos realizados entre el 1 y el 13 de febrero, vinculados a servicios esenciales, mantenimiento de infraestructura crítica, contratos técnicos, seguros y obligaciones preexistentes.
Desde el organismo provincial advierten que estos desembolsos fueron afrontados con recursos propios ante la falta de transferencia de fondos por parte de la Nación.
Un impacto directo en el presupuesto 2026
El cuadro financiero expuesto por la DPP revela la magnitud del impacto. El presupuesto 2026 había sido proyectado en $30.697 millones, de los cuales $25.624 millones —equivalentes al 94%— provenían del Puerto de Ushuaia.
Sin esos ingresos, el cálculo de recursos se reduce a poco más de $5.073 millones, alterando por completo el equilibrio financiero del ente. Un informe técnico-contable de la Dirección General de Administración advierte que, aun recortando partidas vinculadas directamente con la operatoria portuaria, el nuevo escenario proyecta un déficit superior a los $10.000 millones al cierre del ejercicio.
Para sostener el funcionamiento básico, la DPP prevé utilizar recursos acumulados de ejercicios anteriores que estaban originalmente destinados a obras de infraestructura. Sin embargo, esos fondos alcanzarían —según las estimaciones— sólo hasta noviembre de este año. De no revertirse la situación o no mediar asistencia financiera, el organismo enfrentaría un desfinanciamiento total antes de finalizar 2026.
Un conflicto que escala
En la intimación, la Dirección Provincial de Puertos dejó constancia de que el reclamo se cursa sin reconocer legitimidad ni competencia a la intervención nacional y con expresa reserva de ampliar los montos a medida que continúen devengándose nuevas erogaciones.
Mientras las actuaciones judiciales continúan su trámite ante la Justicia Federal, el conflicto entre la Provincia y la Nación por el control del Puerto de Ushuaia suma así un fuerte componente financiero. La disputa no sólo tensiona la relación institucional, sino que también pone en riesgo la planificación de obras estratégicas y la sustentabilidad operativa del sistema portuario fueguino.
