Este lunes al mediodía se realizará la primera audiencia virtual entre la empresa Fate, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) y la Secretaría de Trabajo, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por 15 días tras el anuncio de cierre de la planta y el despido de 920 empleados.
Días atrás, la empresa informó que cumplirá con los términos establecidos por la autoridad laboral mientras se extienda la instancia administrativa. En un comunicado, señaló: “FATE S.A.I.C.I. comunica que una vez verificadas las condiciones técnicas y de seguridad imprescindibles en la planta industrial, la empresa hará efectivos los términos de la conciliación obligatoria dispuesta por las Autoridades”.
Las indemnizaciones que estaban previstas tras el anuncio del cierre no llegaron a concretarse debido a la intervención oficial. Desde la empresa indicaron que, si la conciliación se extiende, la situación continuará en los mismos términos hasta que concluya la instancia administrativa.
Por otra parte, la empresa condicionó cualquier eventual reapertura a la verificación de “condiciones técnicas y de seguridad imprescindibles” dentro del predio. Esto implica que, aun con la medida vigente, la producción no se retomará de inmediato.
Fate, una crisis que surgió hace años
La situación de FAte no comenzó recientemente. Según la propia empresa, el deterioro se inició en 2019, cuando aplicó una reducción de 450 estos de trabajo en su planta. Escenarios similares se repitieron en 2021 y 2022.
En julio de 2024, la firma solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la gestión de Javier Milei, tras una abrupta caída de ventas y la pérdida de mercados de exportación luego del conflicto gremial de 2022.
En ese momento, la compañía advirtió que “la persistente falta de competitividad en los costos, sumada a la brusca caída de la demanda interna en un 30%, origina nuevamente fuertes pérdidas desde fines del año pasado”. También informó que registró pérdidas superiores a los US$30 millones en la primera mitad de 2024, lo que la llevó a adecuar sus operaciones al nuevo escenario.
En mayo de ese año, Fate había anunciado cerca de 200 despidos “para ajustar su estructura a la nueva realidad”. Entonces, mencionó entre las causas la sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para el pago de insumos importados, deficiencias de infraestructura, sobrecostos laborales, baja productividad, ausentismo y elevada conflictividad gremial.
Tras el anuncio del cierre, el conflicto se profundizó. Trabajadores y representantes sindicales realizaron protestas dentro y fuera de la planta de San Fernando, e incluso se registraron manifestaciones en los techos del establecimiento. Posteriormente, la Justicia ordenó el desalojo de las instalaciones.