OSEF activó intimaciones por más de $10.200 millones en deuda a diferentes organismos públicos

Las intimaciones, fechadas en 2026, otorgan un plazo de 72 horas para regularizar las obligaciones bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales, en el marco de la Ley Provincial N° 1071. La medida se da en un contexto de fuerte escrutinio público y judicial sobre la conducción de la obra social, que enfrenta una denuncia penal vinculada a su gestión.

Los montos reclamados

Según la documentación oficial, los principales deudores y los montos exigidos son:

• Gobierno Provincial: $5.990.106.691,31 (diciembre 2025).

• Municipalidad de Río Grande: $3.084.586.047,94 (junio a diciembre 2025).

• Municipalidad de Tolhuin: $202.270.366,12 (marzo a diciembre 2025).

• Dirección Provincial de Vialidad: $651.039.876,72 (marzo 2023 a diciembre 2025).

• Caja de Previsión – Sector Pasivos: $95.926.910,76 (noviembre y diciembre 2025).

• Caja de Previsión – Sector Activos: $9.093.877,67 (diciembre 2025).

• Concejo Deliberante de Tolhuin: $205.727.688,99 (marzo a diciembre 2025).

Las cifras evidencian una acumulación de deuda sostenida en el tiempo. Cabe remarcar que durante años estos montos no habrían sido reclamados de manera efectiva, pese a su impacto directo en la sostenibilidad financiera del sistema.

Afiliados, en medio de la crisis

Mientras avanzan las intimaciones administrativas, miles de afiliados continúan atravesando dificultades en el acceso a prestaciones médicas. Se registran restricciones en la entrega de medicamentos, demoras en autorizaciones, interrupciones en servicios y falta de cobertura para estudios y tratamientos complejos.

La crisis financiera de OSEF, profundizada por años de deudas impagas y falta de controles, impacta de lleno en trabajadores estatales, jubilados y sus familias, quienes dependen exclusivamente de la obra social para su atención sanitaria.

Con esta ofensiva legal, la conducción busca recuperar recursos adeudados y, al mismo tiempo, demostrar una normalización en la gestión frente a la investigación judicial en curso. Sin embargo, el desafío inmediato sigue siendo garantizar la prestación efectiva de los servicios de salud en un contexto de fuerte tensión financiera.