En medio de protestas, el Senado aprobó el nuevo régimen penal juvenil y la reforma laboral

El Senado de Argentina aprobó este viernes la Ley de Modernización Laboral, que modifica aspectos clave que regulan las relaciones entre empresarios y trabajadores. Como ya había sido apronada por la Cámara de Diputados, el proyecto impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei se convirtió en ley con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones.

El Gobierno impulsó el proyecto durante las sesiones extraordinarias de verano y logró su sanción gracias a la configuración de nuevas mayorías derivadas de las elecciones de medio término celebradas en octubre pasado.

Los debates en la Cámara de Diputados y el Senado se dieron en el contexto de protestas, paros y la resistencia de sindicatos y organizaciones sociales, que sostienen que la nueva ley es perjudicial para los empleados, quita derechos consagrados y favorece a las patronales.

El Gobierno de Argentina aceptó cambios al proyecto original porque algunos artículos generaban rechazos de sus aliados parlamentarios e incluso de los propios. De esa manera, consiguió su objetivo.

Personas participan en una manifestación contra la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei, este viernes, en Buenos Aires. 

La iniciativa cuenta con múltiples títulos y capítulos temáticos y está dividida en 218 artículos. Fue aprobada en el Senado el 11 de febrero, la Cámara de Diputados hizo lo propio el 20 del mismo mes, pero no se convirtió en ley, debido a que regresó a la cámara de origen por la eliminación de un artículo que modificaba el régimen de licencias por enfermedad y reducía el salario de los trabajadores que se ausentaran por esa causa.

¿Qué cambia con la nueva ley?

Principalmente, la normativa establece cambios en el régimen de indemnizaciones por despido sin causa, abre la puerta a modificaciones en la jornada laboral y períodos de vacaciones, ajusta el derecho a huelga y a realizar asambleas en el ámbito de las empresas, precisa los alcances de las cuotas sindicales, prevé cambios en la ley de contrato de trabajo, impulsa instrumentos para la formalización de trabajadores y la creación de nuevos empleos, incluye medidas para incentivar la inversión de pequeñas y medianas empresas, procura un traspaso del fuero laboral nacional al ámbito de la ciudad de Buenos Aires y contiene un capítulo que propone cambios tributarios.

Indemnizaciones y despidos

“Es el núcleo de la reforma y el objetivo es dar previsibilidad a los costos de salida de las empresas”, sostiene Jorge Fontán, abogado especialista en derecho laboral.

Con la nueva ley, esta indemnización se mantiene, pero se ajustan las bases de cálculo, al excluir conceptos como el Salario Anual Complementario, conocido como aguinaldo, premios no habituales y bonos por objetivos. Además, se fija un tope máximo para la ecuación sobre la base de tres veces el salario promedio del convenio aplicable. Y a las pequeñas y medianas empresas se les permitirá pagar las indemnizaciones hasta en 12 cuotas. Para decirlo de otro modo: a partir de ahora, despedir personal será más barato.

En este mismo capítulo, se permite la creación de fondos de cese laboral, para que los empresarios puedan financiar las indemnizaciones con recursos de los aportes patronales. Una de las iniciativas más controvertidas, porque se desfinancia el sistema previsional en el afán de abaratar los costos laborales.

Flexibilidad y jornada laboral

La propuesta incluye la figura del banco de horas, que consiste en la práctica en la sustitución del pago de horas extras por compensaciones acordadas entre las partes, siempre que se respete el descanso legal entre jornadas y el máximo de horas semanales. Este es otro de los capítulos que reducirán costos en favor del empresario.

Se habilita también la posibilidad de extender hasta 12 horas la jornada laboral, siempre que no se exceda el máximo semanal previsto por la ley anterior.

Se autoriza también el fraccionamiento de los períodos vacacionales, siempre que se trate de siete días como mínimo.

Con respecto al período de prueba, se hace extensible hasta 12 meses para empresas que tengan hasta cinco empleados.

Derecho a huelga y situación sindical

Se limita el derecho a huelga, mediante la ampliación de sectores que deben garantizar guardias mínimas los días de protesta y el porcentaje de trabajadores comprometidos del 50 % al 75 %, según del servicio que se trate. Además, las asambleas en lugares de trabajo sólo se podrán hacer con autorización del dueño de la compañía.

En tanto, los bloqueos de empresas se ratifican como “injuria laboral grave”, y constituyen un causal de despido justificado.

Los gremios recibieron beneficios que posibilitaron la aprobación de la ley. Se mantienen en la nueva ley los aportes patronales a las obras sociales sindicales y la cuota sindical que pagan los trabajadores (por dos años), además de las contribuciones que hacen a las cámaras empresarias.

Una derrota para los sindicatos fue la eliminación de la ultractividad. Ahora, se les dará prioridad a los acuerdos por empresa, por sobre los convenios de cada sector. Y cuando se venza un convenio, se convocará a las partes para negociar una nueva versión.

Plataformas y blanqueo laboral

El crecimiento del trabajo de plataformas y aplicaciones generó un debate acerca de las condiciones en las que se prestan esos servicios. La ley crea la figura del trabajador independiente, por fuera de la ley de contrato laboral. Y posibilita diferentes formas de contratación, sin que se trate de un vínculo formal, sino de un contrato de servicio.

Mientras tanto, se eliminan multas por irregularidades en el registro laboral, promoviendo un blanqueo sin sanciones penales.