La decisión fue adoptada en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales, que se declaró en sesión permanente ante el inminente tratamiento legislativo de la reforma. Desde la federación advirtieron que el proyecto oficial busca “pagar apenas un 12% de aumento del 55% que nos corresponde”, en referencia a la recomposición salarial reclamada por la docencia universitaria.
“La contundencia de las medidas que se fueron elaborando estos días responde a la conjunción de una situación salarial insostenible para la docencia universitaria, con la necesidad y la voluntad de muchos compañeros y compañeras de responder con toda la fuerza a este nuevo ataque”, señalaron desde el plenario.
El conflicto se da en un contexto más amplio de reforma laboral que, según distintos informes económicos, apunta a flexibilizar las relaciones de trabajo, reducir costos patronales y descentralizar la negociación colectiva. De acuerdo al informe “Reforma laboral en tiempos de estancamiento y cambio estructural”, difundido este mes, las modificaciones “debilitan el poder sindical, amplían los márgenes de flexibilidad en las condiciones individuales y facilitan los despidos”, en un escenario donde el empleo formal depende más del crecimiento económico que de los cambios legislativos.
Para la docencia universitaria, el impacto ya se siente en el bolsillo. “No se trata solo de sentimientos sino de padecimientos materiales concretos: reducción de gastos en salud y educación, cambios de escuelas, trabajar en plataformas, pluriempleo, comprar alimentos y cargar nafta con tarjeta de crédito, pasar del auto al colectivo y del colectivo a la bicicleta, endeudamiento”, describieron desde CONADU.
La secretaria general de la federación, Clara Chevalier, sostuvo que el proyecto oficial “es una burla a la docencia de las universidades que se ha formado y capacitado para ocupar sus puestos, que realiza investigaciones reconocidas en todo el mundo, pero hoy asiste a un deterioro de su vida cotidiana, recurriendo al multiempleo y al endeudamiento como forma de sobrevivir”.
El trasfondo económico no es menor. Según los últimos datos del EMAE del INDEC, 2025 cerró con crecimiento respecto de 2024, aunque fuertemente condicionado por el arrastre estadístico y factores metodológicos. El mismo informe advierte que la tendencia de estancamiento continúa y que el proceso de estabilización no resolvió la crisis de ingresos. Pese a cierta recuperación de la actividad, el empleo privado registrado siguió en retroceso durante 2025, en un proceso de recomposición sectorial donde crecen actividades vinculadas a recursos naturales, de baja intensidad laboral, mientras se destruyen puestos en sectores más intensivos en mano de obra.
En ese marco, los docentes alertan que el cambio estructural en marcha tiene “elevados costos sociolaborales” y que la universidad pública no está al margen. Además del paro, se realizarán acciones de agitación desde el 2 de marzo y se avanzará en la coordinación con el Frente Sindical Universitario para organizar una nueva Marcha Federal Universitaria.
El plenario también expresó su solidaridad con los docentes despedidos en la Facultad de Psicología de la UBA y advirtió que el conflicto podría profundizarse durante todo el semestre. Si no hay respuestas oficiales, el cuatrimestre podría quedar en riesgo en buena parte del sistema universitario público.