La decisión fue formalizada mediante la Acordada 6/2026, dictada el 26 de febrero, en la que el cuerpo de magistrados aceptó la dimisión a partir del 1 de marzo por haber accedido al beneficio de jubilación ordinaria. El documento fue firmado por María del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Darío Muchnik, Edith Miriam Cristiano y el propio Löffler. En la resolución se indicó que, según lo informado por la Dirección de Sumarios y el Área de Personal y Haberes, el funcionario no registraba sumario administrativo en trámite y su situación laboral era regular, por lo que no existían impedimentos formales para aceptar la renuncia.
La salida se produce en un contexto complejo, ya que el mes pasado se confirmó la denuncia penal presentada por la Fiscalía de Estado, a cargo de Virgilio Martínez de Sucre, tras una investigación administrativa vinculada a ingresos a planta permanente y recategorizaciones dispuestas en 2025, cuando Arosteguichar se encontraba al frente del IPRA. De acuerdo con la resolución 11/26 de ese organismo, entre los beneficiarios de las recategorizaciones figuraban la cónyuge del funcionario y sus hijos, quienes accedieron a mejoras escalafonarias. También se mencionaron promociones a agentes que se encontraban usufructuando licencias sin goce de haberes.
Desde el punto de vista jurídico, el dictamen consideró que los hechos podrían encuadrarse, prima facie, en figuras como incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Arosteguichar había sido removido del IPRA por el gobernador Gustavo Melella en octubre de 2025 mediante el decreto 2606. Tras su salida del organismo fue designado en el Poder Judicial a través de la Acordada 256/2025, inicialmente en el área de Servicios, Mayordomía y Mantenimiento del Distrito Judicial Sur. Sin embargo, pocos días después fue reasignado a la vocalía de Löffler para colaborar con tareas allí requeridas.
Su paso por el Superior Tribunal fue breve. Apenas cuatro meses después de su designación y en medio de la denuncia penal en su contra, el cuerpo de jueces aceptó su jubilación ordinaria, una modalidad que en los últimos años también permitió la salida de otros funcionarios judiciales cuestionados antes de que se definieran eventuales responsabilidades.
