“Se habla del RIGI como la gran solución, pero no hay explicaciones claras”: Zamora cuestionó el régimen de inversiones

La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, cuestionó el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que todavía no existen definiciones concretas sobre los beneficios que podría traer para las provincias.

En declaraciones a FM del Pueblo, la concejal señaló que el proyecto se presenta como una herramienta para atraer inversiones y generar desarrollo productivo, pero remarcó que hasta el momento no se brindaron precisiones sobre su impacto real.

“Se habla del RIGI como la gran solución, pero no hay explicaciones claras sobre qué inversiones llegarían ni qué puestos de trabajo se van a generar”, sostuvo.

Zamora explicó que uno de los principales interrogantes tiene que ver con la falta de información respecto de qué empresas estarían interesadas en invertir, en qué sectores productivos y cuál sería el impacto económico en las provincias.

En ese sentido, remarcó que distintos informes señalan que muchas de las inversiones vinculadas al RIGI están relacionadas con actividades extractivas como minería o explotación energética, lo que obliga a analizar con mayor profundidad las condiciones de esos proyectos.

“Es importante saber cuáles van a ser las inversiones, de qué se tratan y qué impacto pueden tener en nuestro país y también en nuestra provincia”, expresó.

La dirigente sostuvo que Tierra del Fuego necesita inversiones que generen empleo genuino y fortalezcan la actividad productiva, especialmente en un contexto marcado por la caída del consumo y la pérdida de puestos de trabajo en distintos sectores.

“No negamos la necesidad de inversiones, pero deben realizarse con reglas claras y con información concreta sobre los beneficios que traerán para la comunidad”, afirmó.

Finalmente, Zamora consideró que el debate sobre el RIGI debe darse con mayor profundidad, evaluando sus efectos en el desarrollo económico, el empleo y el impacto ambiental de las actividades que podrían impulsarse bajo este régimen.