por Redacción Del Pueblo
En diálogo con nuestra emisora, el funcionario sostuvo que el Gobierno de Tierra del Fuego recibió un amplio respaldo político y sindical frente a la situación, luego de una reunión encabezada por el gobernador Gustavo Melella junto a autoridades provinciales y representantes de sindicatos portuarios nacionales.
Según explicó Murcia, durante ese encuentro se analizó el escenario generado tras la intervención y se coincidió en la necesidad de defender el dominio provincial del puerto.
“Hubo unanimidad de criterio. Todos coincidimos en que se trata de una decisión política nacional sin motivo claro, que además deja de lado el federalismo y los mecanismos de diálogo que deberían existir entre Nación y las provincias”, afirmó.
El titular de la Dirección Provincial de Puertos remarcó además que el puerto fue transferido a la provincia en la década del noventa mediante un decreto presidencial, lo que —según sostuvo— reconoce expresamente la jurisdicción de Tierra del Fuego sobre la terminal portuaria.
“Desde ese momento la única que invirtió en el puerto fue la provincia. Todas las obras de ampliación y modernización se realizaron con fondos provinciales”, señaló.
Murcia también denunció que, desde el inicio de la intervención, se habrían producido irregularidades en el manejo de los recursos generados por la actividad portuaria.
En ese sentido, indicó que la primera comunicación que recibieron desde la intervención fue para informar que los ingresos del puerto debían ser transferidos a una cuenta vinculada a una sociedad anónima en proceso de creación a nivel nacional.
“Eso fue lo primero que hicieron. Nos preguntamos qué están haciendo con ese dinero, porque estamos hablando de fondos públicos provinciales que deberían ser auditados por la provincia”, expresó.
El funcionario agregó que, pese a los reclamos formales realizados desde la Dirección Provincial de Puertos para conocer el destino de esos recursos, hasta el momento no obtuvieron respuesta.
“Hay un silencio absoluto. Nosotros enviamos notas solicitando explicaciones y no tuvimos ninguna contestación”, remarcó.
Otro de los puntos que generó preocupación, según explicó Murcia, es la situación de los trabajadores portuarios.
De acuerdo a su relato, desde la intervención se habría impedido el ingreso de personal provincial para cumplir sus tareas habituales, lo que obligó a reemplazarlos con empresas privadas.
“Hoy están cubriendo las tareas con empresas privadas cuando antes las realizaban trabajadores del propio puerto. Eso deja en evidencia que hay un negocio detrás de esta intervención”, sostuvo.
Murcia afirmó que actualmente sólo un grupo reducido de trabajadores continúa cumpliendo funciones dentro del esquema de intervención.
El titular de la Dirección Provincial de Puertos también advirtió que la intervención provocó la paralización de proyectos estratégicos para el desarrollo portuario de Ushuaia.
Entre ellos mencionó la iniciativa presentada por el grupo Mirgor, que proponía desarrollar una nueva terminal para embarcaciones menores mediante el régimen de iniciativa privada.
“El proyecto había sido declarado de interés por el Gobierno provincial y se estaba avanzando en la presentación del proyecto ejecutivo final”, explicó.
Sin embargo, aseguró que actualmente no es posible avanzar debido a que la provincia tiene restringido el acceso a distintas áreas operativas del puerto.
“No sólo no podemos avanzar con esa iniciativa privada, sino que tampoco podemos ejecutar obras de infraestructura que ya teníamos planificadas”, indicó.
Según detalló, incluso se les habría impedido el ingreso a sectores logísticos y a áreas del espejo de agua necesarias para desarrollar trabajos portuarios.
En paralelo al conflicto político, la provincia y la Dirección Provincial de Puertos avanzaron con acciones judiciales para intentar revertir la intervención.
Murcia explicó que inicialmente la presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Ushuaia, que se declaró incompetente y remitió el caso a la Corte Suprema. Sin embargo, posteriormente se presentó una apelación ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que hizo lugar al planteo.
“Ahora el expediente vuelve al ámbito federal y estamos esperando que se cumplan los plazos para que se expida la fiscalía”, señaló.
El funcionario aseguró que existe expectativa dentro del Gobierno provincial respecto a que la Justicia determine la restitución del control del puerto a la provincia.
“Estamos muy esperanzados en que se restituya el dominio a su legítimo propietario, que es la provincia de Tierra del Fuego, y que se puedan continuar las investigaciones que correspondan”, afirmó.
Por último, Murcia remarcó que, más allá del conflicto institucional, la operatoria portuaria continúa funcionando con normalidad.
“Desde el momento de la intervención hasta hoy, en términos operativos no cambió absolutamente nada. El puerto sigue funcionando como lo venía haciendo”, explicó.
Sin embargo, insistió en que la disputa se centra en el control institucional y en el manejo de los recursos generados por la actividad portuaria.
“Lo único que pedimos es que se respete el dominio provincial y que nos permitan seguir trabajando como lo veníamos haciendo”, concluyó.