Estafa con viviendas de ATE: fijan juicio oral contra Carlos Córdoba y otros imputados

La investigación judicial sostiene que dirigentes sindicales habrían comercializado viviendas a personas a quienes se les prometía el acceso a la casa propia, a cambio de pagos para ser incluidos en listados de beneficiarios confeccionados por el gremio. En total, se elevaron a juicio 22 hechos considerados como estafas.

Entre los acusados se encuentra también Miguel Ángel Arana, quien estaba a cargo del área de Vivienda. Según la acusación, Córdoba no podía desconocer las maniobras, ya que habría realizado gestiones ante el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) e incluso recibido reclamos de afiliados que abonaron sumas para acceder a una vivienda.

De acuerdo a la causa, el IPV controlaba únicamente el cumplimiento de requisitos por parte de los postulantes, mientras que la confección de los listados quedaba en manos del sindicato. Este esquema se habría desarrollado durante la gestión de la exgobernadora Rosana Bertone.

Además de las estafas, los imputados enfrentan cargos por defraudación mediante administración fraudulenta y falsificación ideológica de documentos. No obstante, otros integrantes de ATE fueron sobreseídos durante la etapa de instrucción.

Lavado de activos y reparación del daño

La causa también incluye a Erik Enrique Moscoso Panozo, quien será juzgado por el presunto delito de lavado de activos. La investigación indica que parte del dinero recaudado habría sido destinado a la compra irregular de maquinaria para montar una empresa.

En esta línea, Arana y su esposa habían sido inicialmente imputados por este delito, pero quedaron desvinculados tras acordar una reparación integral del daño con el Gobierno, que incluyó la entrega de una retroexcavadora. Esta resolución fue avalada por el fiscal de la causa.

Según la investigación, las personas damnificadas habrían sido defraudadas por un total de 8.145.000 pesos y cerca de 52 mil dólares, montos abonados antes de 2018, cuando comenzaron a radicarse las denuncias.

El juicio podría no realizarse

Pese a la fecha fijada, la realización del juicio aún no está garantizada. Las defensas de los imputados solicitaron la suspensión del juicio a prueba, pedido que fue rechazado y actualmente se encuentra en análisis en la Cámara de Apelaciones.

Se espera que haya una resolución antes del 18 de mayo, lo que definirá si el proceso judicial avanza o queda sin efecto.