Soria apuntó contra el Municipio de Río Grande por la deuda con OSEF: “No pueden compensar lo que deben”

Según detalló, el Municipio adeuda alrededor de 3.000 millones de pesos en concepto de aportes y contribuciones, fondos que —remarcó— deben ser transferidos obligatoriamente a la obra social para garantizar el funcionamiento del sistema.

En ese marco, cuestionó la postura del Ejecutivo municipal que planteó la posibilidad de compensar la deuda con servicios y prestaciones que brinda a la comunidad. “No tiene nada que ver. Como empleador, el municipio está obligado a depositar los aportes y contribuciones, más allá de las políticas públicas que lleve adelante”, sostuvo.

Soria fue clara al señalar que esas prestaciones no pueden ser utilizadas como forma de pago, ya que forman parte de los servicios que el Estado municipal debe brindar a todos los vecinos. “Yo también soy vecina de Río Grande, pago mis impuestos y tengo derecho a esas prestaciones. No se puede mezclar una cosa con la otra”, afirmó.

Además, advirtió que este tipo de planteos genera confusión entre los afiliados y desvía el eje del problema central, que es la falta de financiamiento de la obra social. En ese sentido, remarcó que la deuda impacta directamente en la calidad de las prestaciones.

“La realidad es que hoy faltan medicamentos, hay tratamientos que se interrumpen y cirugías que se postergan porque no hay recursos. Y eso tiene que ver con que los aportes no llegan en tiempo y forma”, expresó.

La dirigente también cuestionó los convenios de pago firmados recientemente, que establecen planes en cuotas para cancelar las deudas. Si bien reconoció que son un avance, insistió en que no resuelven la urgencia. “La obra social necesita la plata ahora, no dentro de tres años”, subrayó.

En otro tramo de la entrevista, Soria denunció haber sido objeto de una situación que interpretó como un intento de presión tras sus declaraciones públicas. Relató que, luego de cuestionar al Municipio, recibió una notificación para dejar sin efecto la adjudicación de un terreno, medida que posteriormente fue revertida.

“Fue una situación muy violenta, lo viví como un intento de disciplinamiento. Pero no nos van a silenciar”, aseguró.

La polémica entre la Obra Social del Estado Fueguino y el Municipio de Río Grande se da en medio de una crisis más amplia del sistema, donde la falta de recursos pone en riesgo la continuidad de tratamientos y la atención de miles de afiliados en toda la provincia.