Selva: “La causa Libra tiene pruebas contundentes, pero la Justicia decidió no avanzar”

La diputada nacional Sabrina Selva volvió a poner en el centro del debate el avance de la causa Libra y lanzó duras críticas contra el accionar de la Justicia, al asegurar que existe “prueba abrumadora” que aún no fue debidamente investigada. En declaraciones radiales, la legisladora confirmó que junto a otros integrantes de la comisión investigadora avanzarán con una denuncia formal contra el fiscal interviniente, al que acusan de haber obstaculizado el proceso.

Selva remarcó que el trabajo realizado durante 2025 permitió reunir una gran cantidad de elementos que, según sostuvo, comprometen a funcionarios del Gobierno nacional en la promoción de la criptomoneda Libra, señalada como eje de una presunta estafa que tuvo repercusiones tanto a nivel local como internacional.

“Todo lo que está saliendo ahora confirma lo que nosotros veníamos advirtiendo desde el año pasado. Hay comunicaciones, reuniones, transacciones y acuerdos que muestran claramente que no se trató de un hecho aislado”, afirmó.

Una investigación con pruebas “abrumadoras”

De acuerdo a lo detallado por la diputada, la comisión investigadora logró reconstruir una trama compleja que incluye encuentros en ámbitos oficiales, vínculos directos con los denominados “gestores” de la maniobra y movimientos económicos que quedaron documentados en el informe final presentado ante la Justicia en noviembre de 2025.

En ese sentido, señaló que nuevas pericias sobre un teléfono celular incautado en marzo de ese mismo año aportaron datos clave que refuerzan las sospechas. Según explicó, el análisis del dispositivo revela contactos y coordinaciones previas a la promoción pública de la criptomoneda, lo que indicaría que existía conocimiento anticipado de la operatoria.

“Estamos hablando de pruebas concretas, no de suposiciones. Hay registros de llamadas, mensajes, facturación y hasta acuerdos que quedaron plasmados. Es imposible sostener que no hay elementos para investigar”, enfatizó.

Duras críticas al fiscal de la causa

Uno de los puntos más sensibles de sus declaraciones fue el cuestionamiento al rol del fiscal a cargo del expediente. Selva sostuvo que desde el inicio hubo una decisión deliberada de no avanzar en la investigación.

“La actitud del fiscal fue clara: no investigar. Se rechazaron pedidos, se frenaron medidas y se limitó incluso el acceso a la información. Eso no solo afectó la causa judicial, sino también nuestro trabajo como comisión”, denunció.

En ese marco, explicó que durante el funcionamiento de la comisión se solicitaron herramientas básicas para avanzar con la investigación, como el acceso al expediente y la posibilidad de convocar a funcionarios a declarar, pero dichos pedidos fueron sistemáticamente rechazados.

“Nos negaron el auxilio judicial para que los funcionarios comparezcan. Eso demuestra que había una intención de que no se profundizara en determinados aspectos del caso”, agregó.

Pedido de apartamiento y denuncia formal

Frente a este escenario, la diputada confirmó que impulsarán una presentación formal para denunciar al fiscal por presunto incumplimiento de sus funciones y solicitarán su apartamiento inmediato.

“La gravedad del caso amerita que la investigación esté en manos de un equipo que tenga voluntad de avanzar. No podemos permitir que esto quede paralizado”, sostuvo.

Además, adelantó que la presentación también incluirá un pedido al procurador general para que designe nuevos fiscales que puedan retomar la causa con una mirada independiente.

Cuestionamientos al Gobierno y al Ministerio de Justicia

Selva también apuntó contra el Gobierno nacional y, en particular, contra el Ministerio de Justicia, al considerar que existe una estrategia para minimizar el impacto del caso.

“Lo que vemos es un intento de instalar un relato para desvirtuar la prueba. Como no pueden negar lo que está documentado, buscan desacreditarlo o directamente anularlo”, afirmó.

En esa línea, advirtió que el rol del nuevo ministro resulta “preocupante”, al considerar que en lugar de garantizar el funcionamiento del sistema judicial estaría actuando en defensa del Ejecutivo.

“Es grave que desde el propio Gobierno se intente influir en una causa que involucra al presidente. La Justicia debería actuar con independencia y transparencia, más aún en un caso de esta magnitud”, señaló.

Repercusiones internacionales

La legisladora destacó que el caso Libra no solo impacta en la política nacional, sino que ya tiene derivaciones en el plano internacional. Según indicó, existen presentaciones judiciales en Estados Unidos impulsadas por inversores que aseguran haber sido perjudicados.

“Hay damnificados en el exterior que iniciaron acciones legales y cuyos abogados ya se contactaron con nosotros para solicitar la certificación de las pruebas que reunimos. Esto muestra que el caso tiene una dimensión mucho mayor”, explicó.

Asimismo, remarcó que la repercusión mediática internacional afecta la credibilidad del país y pone en cuestión la transparencia institucional.

La posibilidad de reabrir la investigación en el Congreso

Por último, Selva planteó la necesidad de retomar la investigación en el ámbito legislativo. Si bien la comisión investigadora ya concluyó su tarea, consideró que el Congreso debería impulsar una nueva etapa para profundizar el análisis y exigir explicaciones públicas a los funcionarios involucrados.

“Hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. El Congreso no puede mirar para otro lado frente a un caso de esta gravedad”, afirmó.

No obstante, reconoció que para avanzar en esa dirección será necesario construir consensos políticos que hoy no están garantizados, especialmente en un contexto de fuerte polarización.

“No puede quedar impune”

Finalmente, la diputada insistió en la necesidad de que la causa avance y se determinen responsabilidades.

“Hay pruebas, hay documentación y hay testimonios. Lo que falta es decisión de investigar. No podemos naturalizar que un caso de estas características quede impune”, concluyó.

El escándalo Libra continúa así sumando tensión política y judicial, en un escenario donde las denuncias de encubrimiento y la falta de avances en la causa alimentan la polémica y mantienen el tema en la agenda pública.