por Redacción Del Pueblo
En medio de la incertidumbre que atraviesa la empresa Aires del Sur, el legislador provincial Matías Lapadula dio a conocer un proyecto alternativo que busca sostener la actividad industrial y evitar la pérdida de más de 140 puestos de trabajo en Río Grande.
Durante una entrevista con FM del Pueblo, Lapadula explicó que su propuesta surge como una alternativa al proyecto de expropiación presentado por otros sectores políticos y gremiales, y que apunta a corregir lo que considera falencias técnicas importantes.
“El principal problema que tienen algunas iniciativas es que no contemplan el activo más importante que tiene la empresa, que es el proyecto promovido bajo la Ley 19.640”, sostuvo el legislador. En ese sentido, remarcó que dicho beneficio —clave para la producción de aires acondicionados en la provincia— está vinculado a la persona jurídica de la empresa y no puede ser transferido ni expropiado.
Según explicó, esto implica que cualquier intento de expropiación que no contemple esta situación podría dejar a la firma sin su principal herramienta de competitividad. “Si se pierde ese régimen, después es prácticamente imposible recuperarlo. Por eso es fundamental diseñar una estrategia que permita sostenerlo”, advirtió.
Lapadula aseguró que el objetivo central de todas las propuestas debería ser garantizar la continuidad de la empresa y preservar los puestos de trabajo, en línea con el reclamo de los trabajadores y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que impulsó formalmente el tratamiento de una expropiación en la Legislatura.
“Todos queremos que la empresa siga funcionando. Para eso no alcanza solamente con expropiar la planta o las maquinarias: hay que sostener el proyecto productivo”, remarcó.
En ese marco, su iniciativa propone avanzar sobre la estructura societaria de la empresa en lugar de limitarse a los bienes físicos, lo que permitiría mantener vigente el régimen de promoción industrial y facilitar una eventual reactivación de la producción.
El legislador también apuntó con dureza contra el Gobierno nacional por la falta de utilización del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), al que definió como una herramienta clave que hoy se encuentra paralizada.
“Durante casi dos años lo único que hicieron fue recaudar. Esa plata está depositada, generando intereses, pero no se está utilizando para los objetivos para los que fue creada”, cuestionó.
Lapadula recordó que el FAMP fue concebido para financiar obras de infraestructura, impulsar nuevas actividades productivas y otorgar créditos blandos en la provincia. Sin embargo, denunció que actualmente no se está aplicando en ninguna de esas áreas.
“Hoy la situación económica lo amerita más que nunca. El financiamiento privado es inaccesible por las altas tasas, y sin crédito es muy difícil sostener o generar actividad”, explicó.
En esa línea, planteó que los fondos podrían utilizarse tanto para reactivar Aires del Sur como para asistir a los trabajadores en caso de que no se logre sostener la empresa, a través de programas de capacitación y reconversión laboral.
También destacó una propuesta impulsada por el intendente de Río Grande, Martín Pérez, que apunta en ese sentido. “Es una alternativa válida, porque justamente el FAMP fue creado para dar respuestas a este tipo de situaciones”, afirmó.
Lapadula también cuestionó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional hacia la provincia y sostuvo que Tierra del Fuego “no está en la agenda” de las autoridades.
“La realidad es que desde Nación nos prestan muy poca atención. Pareciera que lo único que les interesa es el puerto de Ushuaia”, señaló.
Asimismo, apuntó contra referentes de La Libertad Avanza, tanto a nivel provincial como nacional, por la falta de gestión para canalizar soluciones. “Hablan mucho, critican, pero no vemos que estén trabajando en resolver estos problemas concretos”, expresó.
No obstante, remarcó que desde la Legislatura y el ámbito político en general se debe insistir en el reclamo. “Tenemos la obligación de pedir, de gestionar, de sentarnos las veces que haga falta. Lo único que nos tiene que importar es sostener el empleo”, enfatizó.
En otro tramo de la entrevista, el legislador se refirió a la situación económica de Tierra del Fuego, tras la reciente visita del ministro de Economía a la Legislatura. Si bien reconoció que existe consenso en el diagnóstico, advirtió que aún no se conocen medidas concretas para revertir la crisis.
“Todos coincidimos en que hay problemas, pero lo que falta es un plan económico claro y urgente”, sostuvo.
Lapadula consideró que la solución requerirá una combinación de medidas orientadas tanto a mejorar los ingresos del Estado como a ordenar el gasto público. Sin embargo, fue enfático en señalar que los ajustes no deben recaer sobre los trabajadores.
“Hay áreas del Estado que están sobredimensionadas y eso hay que revisarlo, pero no se puede dejar gente en la calle. Si hay que hacer un ajuste, tiene que empezar por la política, por los funcionarios”, afirmó.
También advirtió sobre la caída del poder adquisitivo de los salarios públicos y la dificultad creciente para llegar a fin de mes. “Hoy incluso teniendo trabajo hay gente que no llega. Eso muestra la gravedad de la situación”, agregó.
Finalmente, Lapadula se refirió a la denuncia presentada por la Fiscalía de Estado en relación con la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), y la calificó como un hecho de extrema gravedad.
Según indicó, una auditoría detectó que fondos que estaban destinados a garantizar la provisión de medicamentos habrían sido utilizados para otros fines, lo que generó la intervención judicial.
“Es un tema muy delicado porque afecta directamente a los afiliados. Lo que corresponde ahora es que la Justicia investigue con celeridad y determine responsabilidades”, sostuvo.
En ese sentido, evitó profundizar en acusaciones, pero remarcó la necesidad de esclarecer los hechos lo antes posible. “Hay que ser responsables, pero también firmes en exigir que esto se investigue y, si corresponde, se sancione”, concluyó.