El mandatario inició su exposición con una referencia cargada de simbolismo hacia la Carpa de la Dignidad, destacando su valor histórico y emocional para la comunidad fueguina.
Recordó episodios del pasado, como cuando el viento destruyó la estructura original, y cómo fue reconstruida gracias al compromiso colectivo. En ese sentido, subrayó que no se trata solo de un espacio físico, sino de un emblema de memoria, encuentro y reivindicación.
“Por esta carpa han pasado muchísimas cosas: emociones, alegrías, reencuentros de veteranos y familias. Tiene una carga histórica enorme y una participación popular muy fuerte”, expresó.
Asimismo, sostuvo que la causa Malvinas tiene en Tierra del Fuego una intensidad particular, difícil de replicar en otras regiones del país.
En materia de política exterior, el gobernador manifestó una postura crítica hacia las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional, especialmente en relación con el alineamiento internacional.
Consideró que Argentina está siendo involucrada en conflictos ajenos y que se está abandonando una histórica posición de neutralidad.
“Nos han metido en un conflicto internacional innecesario, incluso en una guerra donde no tenemos nada que ver. Eso pone en riesgo al país”, afirmó.
También cuestionó declaraciones vinculadas a la soberanía de las Islas Malvinas, particularmente aquellas que sugieren consultar a los actuales habitantes del archipiélago.
En ese punto, fue tajante: remarcó que se trata de una población implantada tras la expulsión de argentinos y calificó como “ingenua” la posibilidad de que potencias como Gran Bretaña modifiquen su postura histórica.
Un paquete de leyes para “transformar o hundirse”
Uno de los ejes centrales de la conferencia fue el anuncio de un paquete de leyes que busca impulsar una transformación profunda del Estado y la matriz productiva provincial.
El gobernador explicó que las iniciativas abarcan un amplio espectro: desde normativas administrativas hasta reformas estructurales orientadas a generar empleo, fortalecer la producción y mejorar los recursos del Estado.
En ese contexto, lanzó una advertencia contundente: “Estamos en un punto de inflexión. O avanzamos con una transformación real o nos hundimos”.
El mandatario describió un panorama económico complejo, atravesado por una fuerte caída tanto de la recaudación nacional como de los ingresos propios de la provincia.
Atribuyó esta situación a decisiones del Gobierno nacional —como la modificación de impuestos— y a la retracción del consumo, que impacta directamente en la coparticipación.
“El principal ingreso tiene que ver con el IVA, y si no hay consumo, no hay recaudación. Eso se desplomó”, explicó.
A este escenario se suma el deterioro de sectores clave de la economía fueguina. Según detalló, la industria electrónica, textil y de hidrocarburos atraviesan una fuerte retracción, mientras que el turismo y el comercio muestran signos de caída.
“Hoy no tenemos una industria funcionando a pleno. Todo lo contrario: se ha destruido gran parte de la actividad productiva”, afirmó.
Consultado sobre el déficit y los pedidos de ajuste, el gobernador rechazó las críticas centradas en el denominado “gasto político”.
Aseguró que ese componente representa apenas un porcentaje mínimo del presupuesto y que no es el origen del problema fiscal.
“Es apenas el 3%, es insignificante en términos reales. Hay mucha demagogia en ese planteo”, sostuvo.
No obstante, reconoció que el gobierno está llevando adelante un proceso de reestructuración interna que incluye reducción de cargos, revisión de programas y optimización de recursos.
Sin embargo, defendió con firmeza el rol del Estado en áreas esenciales, especialmente en un contexto de creciente demanda social.
“Hay miles de personas que perdieron su empleo y hoy recurren al sistema público de salud. No podemos abandonar esas responsabilidades”, remarcó.
El gobernador también puso el foco en las consecuencias sociales de la crisis, señalando que la pérdida de empleo está generando una mayor presión sobre los servicios estatales.
Indicó que miles de personas han dejado de contar con cobertura privada y dependen ahora del sistema público, lo que implica un aumento significativo del gasto.
Además, advirtió sobre el posible impacto de la caída de programas nacionales, como el acceso a medicamentos, lo que agravaría aún más la situación.
En relación a los salarios del sector público, reconoció la preocupación de los gremios frente a la pérdida de poder adquisitivo.
Si bien aseguró que no hay riesgo inmediato de no poder pagar sueldos, admitió que el contexto dificulta la posibilidad de otorgar mejoras significativas.
“El déficit es real, pero también entendemos que hay que buscar mecanismos para mejorar los ingresos de los trabajadores”, señaló.
Finalmente, destacó que durante su gestión se han mantenido las paritarias abiertas y cuestionó a quienes —según dijo— no tuvieron la misma postura en períodos anteriores.