Freites: “Estamos ante un posible hecho de corrupción”

En un contexto de alta tensión política y fuerte debate ambiental, la discusión por la modificación de la Ley de Glaciares quedó envuelta en una profunda polémica tras la realización de una audiencia pública que fue ampliamente cuestionada por legisladores, especialistas y organizaciones sociales.

La diputada nacional Andrea Freites denunció que el proceso estuvo atravesado por “múltiples irregularidades”, restricciones arbitrarias a la participación y decisiones que —según afirmó— vulneran normas constitucionales y tratados internacionales vigentes.

De acuerdo a lo expresado por la legisladora, más de 100 mil personas se habían inscripto para participar de la audiencia, lo que evidenciaba el alto interés social en el tema. Sin embargo, sólo una porción mínima pudo exponer, generando un fuerte malestar entre quienes quedaron excluidos.

“Lo que se vivió no fue una audiencia pública real. No se respetaron las reglas, no se garantizó la participación y se desvirtuó completamente el espíritu de este tipo de instancias”, aseguró.

Una audiencia marcada por cambios de último momento, limitación en el uso de la palabra y denuncias de exclusión de miles de ciudadanos

Freites explicó que, a pesar de que las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales habían establecido previamente una metodología de trabajo —incluyendo tiempos de exposición y criterios de participación—, esas condiciones fueron modificadas de manera repentina.

Entre las principales irregularidades, mencionó la reducción en los tiempos asignados a los oradores, la alteración del listado de participantes y la imposibilidad de ingreso para muchas personas que se encontraban debidamente inscriptas.

“Hubo gente que esperó durante horas para poder ingresar al Congreso y no la dejaron pasar. Mientras tanto, se permitió hablar a personas que no estaban inscriptas, muchas de ellas con posturas favorables al proyecto”, denunció.

Además, señaló que a numerosos participantes se les propuso enviar videos con sus exposiciones para ser difundidos en redes sociales, una modalidad que, según remarcó, “no reemplaza ni cumple con los requisitos legales de una audiencia pública”.

En este sentido, distintos bloques legislativos presentaron un pedido formal para anular la audiencia, argumentando que no se respetaron los principios establecidos por la Constitución Nacional, la legislación ambiental vigente y el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información y la participación ciudadana en cuestiones ambientales.

Denuncias por presuntos vínculos entre funcionarios y empresas mineras que abren interrogantes éticos y posibles responsabilidades penales

Uno de los momentos más tensos de la jornada se produjo a partir de las denuncias del abogado ambientalista Enrique Viale, quien apuntó contra la senadora Flavia Royón por supuestos vínculos con empresas mineras que podrían beneficiarse de la reforma.

Según se expuso, Royón estaría vinculada a tareas de consultoría o asesoramiento para compañías del sector, lo que generó fuertes cuestionamientos respecto a la compatibilidad de esas funciones con su rol público.

Al respecto, Freites fue contundente: “Esto excede lo ético. Si se comprueba, estamos ante un hecho de corrupción. No se puede legislar favoreciendo intereses privados mientras se ocupa un cargo público”.

Las denuncias también alcanzaron a otros actores políticos y referentes cercanos al oficialismo, lo que podría derivar en presentaciones judiciales en las próximas horas.

“Hay situaciones que deberán ser investigadas tanto en el Congreso como en la Justicia. No se puede naturalizar este tipo de conductas”, agregó la diputada.

El oficialismo busca avanzar con el tratamiento exprés del proyecto pese a los pedidos de anulación y las críticas generalizadas

A pesar de los cuestionamientos, Freites advirtió que el oficialismo, bajo la conducción del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantiene su intención de avanzar con la iniciativa.

Según detalló, el cronograma previsto incluiría una reunión de comisión el 7 de abril para emitir dictamen y una sesión al día siguiente para tratar la modificación en el recinto.

“Quieren mostrar que cumplieron con la participación ciudadana, pero la realidad es que no lo hicieron. Es una puesta en escena para avanzar con una decisión que ya está tomada”, cuestionó.

En ese sentido, consideró que el objetivo del Gobierno es brindar “seguridad jurídica” a las inversiones mineras, aun cuando no se hayan cumplido los procedimientos legales necesarios para una reforma de este tipo.

Alertan que la reforma podría poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce y generar un impacto ambiental de gran escala

Uno de los ejes centrales del debate gira en torno a las posibles consecuencias ambientales de la modificación de la Ley de Glaciares, una norma clave para la protección de reservas de agua dulce en la Argentina.

Freites remarcó que la gran mayoría de las exposiciones durante la audiencia se manifestaron en contra de la reforma. “El 95% de quienes participaron rechazó los cambios. Estamos hablando de recursos estratégicos para el futuro del país”, señaló.

En esa línea, advirtió que cualquier flexibilización en la protección de glaciares podría habilitar el avance de actividades extractivas en zonas sensibles, con impactos irreversibles.

Un debate que se inscribe en un contexto de crisis económica, cuestionamientos políticos y creciente movilización social

La diputada también vinculó la discusión con el contexto político y económico actual, criticando con dureza al gobierno de Javier Milei.

Según expresó, las políticas implementadas están generando un fuerte deterioro en la calidad de vida de la población, con caída del consumo, endeudamiento familiar y cierre de comercios.

“La gente no llega a fin de mes, usa la tarjeta para comprar alimentos y medicamentos, y mientras tanto se intenta avanzar con reformas que afectan recursos estratégicos”, sostuvo.

Asimismo, relacionó el momento actual con las movilizaciones realizadas en todo el país por los 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, destacando la importancia de defender la democracia y la memoria colectiva.

“Tenemos que aprender de la historia, defender nuestras instituciones y no permitir retrocesos en derechos. Lo que está en juego es el modelo de país que queremos”, concluyó.