Rullier: “No se elimina el subsidio, se ordena”: la provincia garantiza el gas envasado

En un escenario nacional atravesado por la desregulación del mercado del gas licuado y la reducción del rol del Estado en la fijación de precios, el Gobierno de Tierra del Fuego ratificó la continuidad del subsidio al gas envasado (GLP) y anunció una reestructuración del esquema de acceso al beneficio, con el objetivo de hacerlo más equitativo, eficiente y sostenible en el tiempo.

El funcionario explicó que el contexto nacional, particularmente a partir de modificaciones introducidas en 2025, avanzó hacia una desregulación del mercado del gas licuado que implicó, entre otros puntos, una menor participación del Estado en la determinación de precios y condiciones de comercialización. Esto derivó en una liberación de precios y en la falta de actualización de programas nacionales que históricamente acompañaban el costo del gas envasado.

Frente a este escenario, la provincia decidió no solo sostener el subsidio, sino también reorganizarlo. “No se trata de eliminar el beneficio, sino de ordenarlo y optimizarlo para que llegue a quienes realmente lo necesitan”, remarcó Rullier. En esa línea, el Ministerio de Economía avanzó en la implementación de un nuevo esquema de segmentación que comenzará a regir desde abril.

El rediseño contempla dos ejes centrales: el nivel de ingresos de los hogares y su ubicación territorial. En cuanto al primer criterio, se estableció como límite un ingreso familiar de hasta ocho salarios mínimos vitales y móviles. Con el salario mínimo actual en torno a los 334.800 pesos, el tope para acceder al subsidio se ubica aproximadamente en los 2,6 millones de pesos mensuales por hogar. Aquellos que superen ese umbral quedarán excluidos del beneficio.

En paralelo, se introdujo una diferenciación territorial que responde a las particularidades urbanas de cada ciudad de la provincia. En Río Grande y Tolhuin, donde la configuración urbana es más homogénea, el principal factor de segmentación será el acceso a la red de gas natural. De este modo, el subsidio estará prioritariamente dirigido a los hogares que no cuentan con conexión a este servicio.

En Ushuaia, en cambio, la segmentación será más detallada. Se definieron tres subunidades territoriales —alta, media y baja— en función de variables como la topografía, la altitud, el tipo de construcción y el nivel de consolidación urbana. Esta diferenciación busca reflejar con mayor precisión las desigualdades estructurales dentro de la ciudad y orientar los recursos públicos de manera más eficiente.

Uno de los aspectos más relevantes del esquema actual es el peso que tiene la provincia en el sostenimiento del subsidio. Según detalló Rullier, el precio del kilo de gas ronda actualmente los 2.362 pesos. De ese total, el Estado nacional aporta apenas entre el 8% y el 9%, lo que equivale a unos 199 pesos. En contraste, el Gobierno provincial cubre cerca del 88% o 89% del costo, es decir, más de 2.000 pesos por kilo.

Gracias a este esfuerzo fiscal, los usuarios acceden al gas subsidiado pagando entre 80 y 120 pesos por kilo, una diferencia sustancial frente al valor de mercado. En este sentido, el funcionario aseguró que, ante eventuales aumentos en el precio del gas a nivel nacional, la provincia continuará absorbiendo la mayor parte del impacto para evitar que se traslade de forma directa al bolsillo de los consumidores.

La medida adquiere especial relevancia en el contexto actual de Tierra del Fuego, donde ciudades como Río Grande atraviesan una situación económica compleja, con señales de alerta en el empleo y la actividad industrial. En este marco, el subsidio al gas envasado se vuelve un alivio fundamental para miles de familias, especialmente en sectores como la margen sur, donde aún no llega la red de gas natural.

Además, desde el Gobierno provincial señalaron que este tipo de políticas no solo buscan dar respuesta a la coyuntura, sino también acompañar un proceso de transición hacia un sistema energético más eficiente. En aquellas zonas donde la infraestructura lo permite, se continuará promoviendo la conexión a la red de gas natural, reduciendo progresivamente la dependencia del gas envasado.

De esta manera, la provincia intenta equilibrar dos objetivos clave: sostener el acompañamiento a los sectores más vulnerables en un contexto económico adverso y, al mismo tiempo, garantizar la sustentabilidad de las cuentas públicas. La segmentación del subsidio aparece así como una herramienta central para administrar los recursos con mayor precisión y justicia social.

Con la implementación de este nuevo esquema desde abril, el Gobierno fueguino busca consolidar una política energética que combine protección social, eficiencia en el gasto y adaptación a un escenario nacional cada vez más desafiante.