Presentan una denuncia penal por créditos millonarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores

Crece la polémica por los millonarios créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios, legisladores e influencers del oficialismo.

La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó este viernes una denuncia penal para que se investigue si los beneficiarios gozaron de privilegios y si accedieron a estos préstamos a través de negociaciones incompatibles.

Días atrás se dio a conocer, con nombres y montos, el otorgamiento de cientos de créditos del Banco Nación a dirigentes predominantemente libertarios. La información se encuentra en los registros de la Central de Deudores del Banco Central y fue procesada en la plataforma “¿Cuánto deben?”, ideada por el visualizador de datos Andrés Snitcofsky.

Quiénes son los señalados por los créditos en el Nación

Algunos de los beneficiarios señalados por Frade son Juan Pablo Carreira, conocido en X como “Juan Doe”, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, la cuenta de X dedicada a desmentir a periodistas ($113 millones); Pedro Inchauspe, director del Banco Central ($510 millones); y Felipe Núñez, director del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y asesor del ministro Luis Caputo ($510 millones).

También Federico Furiase, secretario de Finanzas ($376 millones); Emiliano José Mongilardi, director de YPF ($309 millones); Sharif Menem, sobrino y secretario privado de Martín Menem ($357 millones); y los diputados nacionales de La Libertad Avanza Lorena Villaverde, Mariano Campero, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.

En el caso de la rionegrina Villaverde, quien afrontó una causa por narcotráfico, Frade señala que fue beneficiada con un préstamo de $227 millones “pese a que la sucursal del banco de su domicilio en Cipoletti le había rechazado su carpeta”.

Qué dijo en el Banco Nación en un comunicado oficial

El Banco Nación desmintió irregularidades en un comunicado donde aclaró que “acceder a los préstamos es homogéneo, sin excepciones”. Sin embargo, advirtió Frade, “desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares”.

“Estamos frente a una utilización privilegiada de los fondos públicos (de ahorristas comunes) que resultan inaccesibles para la mayoría de esos ahorristas, lo cual podría afectar su reputación y, con ello, su liquidez”, afirmó Frade.

La legisladora se preguntó: “¿Cuál ha sido, por ejemplo, la relación ingreso-cuota, en el otorgamiento de un crédito de varios millones a Sharif Menem, con un ingreso estimado de $2 millones? ¿O cómo se evaluó el riesgo de cobro de una diputada (Villaverde) que posee varios conflictos con la ley penal?”.

“Resulta evidente que, desde el punto de vista de los funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”, insistió Frade.

Algunos de los señalados hicieron su descargo. El diputado tucumano Marino Campero, quien se pasó del bloque de “radicales con peluca” al de La Libertad Avanza, aclaró: “No recibí ningún beneficio político. Asumí una deuda para darle una casa a mi familia”. También denunció que la polémica es “alentada por el peronismo”.