Matias Rodríguez: “No enviar los fondos es una forma de presión política”

El conflicto institucional en Tolhuin suma un nuevo capítulo y expone con mayor claridad la tensión entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal. El presidente del cuerpo, Matías Rodríguez, rechazó de plano las declaraciones de la Secretaría de Gobierno que indicaban que el Concejo había transferido su deuda a la Municipalidad, y aseguró que se trata de una interpretación “malintencionada” de una ordenanza aprobada recientemente.

En diálogo con FM del Pueblo, Rodríguez explicó que la normativa no traslada ninguna obligación al Municipio, sino que establece un mecanismo administrativo para garantizar el cumplimiento del convenio firmado con la Obra Social del Estado Fueguino. Según detalló, la iniciativa propone que, antes de que el Ejecutivo gire la remesa presupuestaria mensual al Concejo, se descuente automáticamente el monto correspondiente a la deuda y se deposite directamente en la cuenta de la obra social.

“Es un procedimiento transparente, claro y necesario. No estamos trasladando la deuda, porque esos fondos ya pertenecen al Concejo. Lo único que hacemos es ordenar administrativamente el pago, como si fuera un débito automático”, sostuvo el edil, visiblemente molesto por la polémica generada.

Rodríguez remarcó que el punto central del conflicto radica en que el Ejecutivo municipal no estaría cumpliendo con el envío regular de las remesas presupuestarias que corresponden al Concejo Deliberante. En ese sentido, advirtió que la situación no solo afecta el pago de la deuda con OSEF, sino también el funcionamiento general de la institución.

“Hoy no estamos pudiendo afrontar ni el convenio ni los aportes mensuales. Esto es grave porque pone en riesgo el pago de sueldos, el cumplimiento de obligaciones básicas y el normal funcionamiento del Concejo”, afirmó.

El edil explicó que esta problemática se arrastra desde el año pasado, pero que se agravó en los últimos meses debido a la falta de respuestas por parte del Ejecutivo. “Venimos de una situación financiera compleja, pero este año directamente no están enviando los fondos como corresponde. Eso nos deja en una situación límite”, agregó.

Crisis de diálogo y acusaciones cruzadas

Más allá de la discusión técnica sobre la ordenanza, Rodríguez puso el foco en lo que definió como una “profunda crisis de diálogo político” dentro del municipio. Según señaló, las relaciones institucionales están deterioradas desde hace tiempo y no existen canales efectivos de comunicación entre ambos poderes.

“Se habla de diálogo, pero en los hechos no existe. Se plantea un llamado al diálogo, pero bajo condiciones: ‘si no me llaman, no hay diálogo’. Eso es contradictorio y no ayuda a resolver los problemas”, cuestionó.

En esa línea, consideró que el Ejecutivo intenta ejercer presión sobre el Concejo a través del manejo de los recursos. “No enviar las remesas es una forma de condicionar y disciplinar. Es poner en riesgo a la institución para forzar determinadas decisiones. Eso es grave desde el punto de vista institucional”, advirtió.

Rodríguez también sostuvo que el Concejo no es una “escribanía” del Ejecutivo y que su rol es debatir, controlar y generar herramientas legislativas. “Cuando hay diferencias, en lugar de discutirlas, se recurre a estas prácticas. Eso debilita la institucionalidad y afecta a toda la comunidad”, remarcó.

Impacto en los trabajadores y en la comunidad

El presidente del Concejo alertó además sobre las consecuencias concretas que esta situación puede tener en los trabajadores del cuerpo legislativo y en los vecinos de la ciudad. “Detrás de todo esto hay empleados, familias y servicios que dependen del funcionamiento del Concejo. No es una disputa menor”, subrayó.

En paralelo, durante la entrevista también se reflejó la preocupación de vecinos por el funcionamiento de la obra social. Si bien Rodríguez aclaró que la deuda del Concejo no tiene un impacto determinante en el sistema general, reconoció que el contexto de crisis en OSEF genera dificultades en la atención, provisión de medicamentos y cobertura de prestaciones.

“Lo que debemos nosotros no mueve la aguja en términos globales, pero forma parte de un sistema que ya está tensionado. Por eso también es importante cumplir con nuestras obligaciones”, indicó.

Posible judicialización del conflicto

Frente a la falta de avances en el plano político, Rodríguez confirmó que el Concejo Deliberante evalúa recurrir a la Justicia para destrabar la situación. “Si no se cumple con el envío de las remesas y se desconocen las ordenanzas vigentes, no nos va a quedar otra alternativa que acudir a la vía judicial”, adelantó.

En ese sentido, explicó que la urgencia es inmediata, ya que en los próximos días deben afrontar el pago de sueldos, aportes y gastos corrientes. “Esta semana es clave. Si no llegan los fondos, se va a producir un nuevo incumplimiento y eso nos obliga a tomar decisiones”, afirmó.

Finalmente, el concejal lamentó que el conflicto se dé en un contexto económico complejo a nivel nacional, donde —según señaló— sería fundamental fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones. “Es una situación innecesaria en una ciudad donde podríamos estar articulando políticas para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Lamentablemente, hoy estamos discutiendo cuestiones básicas de funcionamiento”, concluyó.