Condenaron a 6 años de prisión a un ex militar por abuso sexual en Río Grande

El juicio se desarrolló de manera oral y a puertas cerradas, en virtud de la naturaleza del delito, y contó con la intervención de la fiscal especializada en Género y Violencia Intrafamiliar, Mónica Macri, quien durante los alegatos solicitó una pena de ocho años de prisión al considerar plenamente acreditada la responsabilidad del acusado. Por su parte, la defensa oficial, a cargo de Eduardo Tepedino, insistió en la absolución del imputado.

Durante el inicio del debate, Benítez prestó declaración indagatoria ante el Tribunal y sostuvo que la relación sexual había sido consentida. Según su versión, aquella noche había salido junto a dos compañeros del BIM 5 y posteriormente se trasladaron a la vivienda de la denunciante, donde continuaron compartiendo y consumiendo alcohol. En ese marco, negó la existencia de cualquier hecho delictivo y manifestó sorpresa ante la denuncia, atribuyéndola a supuestos conflictos de índole laboral.

Sin embargo, la denunciante ratificó su acusación en todos sus términos. En su testimonio, relató que, tras la reunión social, se había retirado a descansar y fue en ese contexto que el imputado abusó de ella sin su consentimiento. Además, indicó que su hijo menor de edad se encontraba en la vivienda al momento del hecho, lo que agravó la situación desde el punto de vista emocional y familiar.

En el desarrollo del juicio también prestó declaración una psicóloga forense de la Dirección Pericial, quien aportó elementos técnicos relevantes para la valoración del testimonio de la víctima. Asimismo, se incorporaron por lectura diversas pruebas testimoniales, entre ellas la declaración de un tercer ex militar que había participado de la reunión aquella noche.

Finalizada la etapa probatoria y tras los alegatos de las partes, el Tribunal —presidido por la jueza Verónica Marchisio e integrado además por los vocales Eduardo López y Juan José Varela— resolvió condenar a Benítez a seis años de prisión efectiva, una pena menor a la solicitada por la fiscalía, pero que implica igualmente el cumplimiento en un establecimiento carcelario.

En ese sentido, los magistrados ordenaron la inmediata detención del condenado en la propia sala de audiencias, al considerar que la pena impuesta conlleva riesgo de fuga. Asimismo, dispusieron su traslado a la unidad de detención de la ciudad para el cumplimiento de la condena.

El fallo también establece la intervención de organismos provinciales con el objetivo de garantizar asistencia integral, contención y acompañamiento a la víctima y su entorno familiar, en línea con la normativa vigente en materia de protección contra la violencia de género.

De esta manera, el Tribunal dio por acreditada la responsabilidad penal del acusado en el hecho denunciado, cerrando una instancia judicial marcada por testimonios contrapuestos, pero en la que finalmente se priorizó la valoración integral de la prueba producida durante el debate.