por Redacción Del Pueblo
La crisis por la demora en el envío de fondos de coparticipación volvió a escalar en Tierra del Fuego y suma un nuevo capítulo de tensión entre el Municipio de Ushuaia y el Gobierno provincial. En este contexto, la jefa de Gabinete municipal, Yesica Garay, denunció que la ciudad atraviesa un “ahogamiento financiero” inédito y no descartó avanzar con acciones judiciales si no se regulariza la situación.
En declaraciones a FM del Pueblo, la funcionaria fue contundente: la deuda acumulada por parte de la provincia ya alcanzó los 35 días, un nivel que calificó como “histórico” y sin antecedentes en la relación institucional.
“Estamos ante un escenario que no hemos vivido nunca, ni siquiera en otros gobiernos. Es un pico histórico que genera un impacto directo en la vida cotidiana de toda la comunidad”, afirmó.
Garay explicó que la gravedad del problema radica en la fuerte dependencia del municipio respecto a los fondos coparticipables. Según detalló, el 77,5% del presupuesto municipal proviene de estos recursos, lo que convierte cualquier demora en una amenaza directa al funcionamiento de la ciudad.
La funcionaria enumeró que los fondos sostienen servicios esenciales como la obra pública, el transporte, la recolección de residuos, el mantenimiento urbano y distintos programas sociales.
“Cuando hablamos de coparticipación, no hablamos solo de números. Hablamos de la posibilidad de que la gente pueda ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, acceder a servicios básicos. El impacto es real y cotidiano”, sostuvo.
En esa línea, remarcó que la crisis no distingue entre sectores: afecta tanto a trabajadores municipales como a empresas privadas que prestan servicios al Estado local.
Uno de los puntos más críticos planteados por Garay es la falta de respuesta institucional por parte del Gobierno provincial. Según indicó, el Municipio realizó múltiples presentaciones administrativas y pedidos formales que no fueron contestados.
“Nunca tuvimos una respuesta, ni formal ni informal. Eso también agrava la situación porque impide cualquier planificación”, señaló.
La funcionaria habló incluso de una “fractura en el diálogo”, aunque aclaró que el Ejecutivo municipal mantiene su disposición a participar de instancias de negociación si son convocados.
“No nos negamos al diálogo. Si nos llaman, vamos a estar. Pero hoy no existe ese canal”, afirmó.
Ante este escenario, Garay confirmó que el Municipio evalúa recurrir a la Justicia para garantizar el envío de los fondos.
“Vamos a agotar todas las instancias administrativas, pero si es necesario avanzar judicialmente para defender la autonomía municipal y los recursos de los vecinos, lo vamos a hacer”, advirtió.
La medida sería el último recurso frente a lo que consideran una situación insostenible desde el punto de vista financiero.
El conflicto no solo movilizó al Ejecutivo municipal, sino también a sindicatos y sectores privados vinculados a la prestación de servicios. En la reciente movilización en defensa de la autonomía municipal participaron tanto trabajadores estatales como empresas contratistas.
Garay explicó que existe una comprensión generalizada sobre la gravedad del problema: “La ecuación es clara: si no llegan los fondos, el municipio no puede pagar, y eso impacta directamente en las empresas y en los trabajadores”.
En ese sentido, destacó que se logró generar una “conciencia colectiva” sobre el alcance de la crisis, que ya no es solo institucional sino también social y económica.
La jefa de Gabinete subrayó que, a diferencia de otros organismos, el Municipio de Ushuaia mantiene sus cuentas ordenadas y sin deudas con la caja previsional ni con la obra social provincial.
Sin embargo, advirtió que la situación general del sistema termina afectando igualmente a los trabajadores municipales.
“Nosotros estamos al día, pero nuestros empleados igual sufren las consecuencias de un sistema que está en crisis”, explicó.
Garay también puso en duda las explicaciones vinculadas a la situación económica nacional y cuestionó la administración de los recursos por parte de la provincia.
“Si hay dificultades, tienen que explicarse. No alcanza con decir que se está haciendo un esfuerzo. La gente necesita respuestas concretas”, sostuvo.
Además, advirtió sobre el uso de adelantos de coparticipación que implican endeudamiento con intereses, lo que, según consideró, agrava aún más el problema financiero.
En paralelo, el Municipio llevó el reclamo a la Legislatura provincial, donde se presentó un petitorio acompañado por sindicatos. Allí también se impulsa el tratamiento de una ley que garantice la automaticidad en el envío de fondos, con el objetivo de evitar futuras situaciones similares.
“Es necesario establecer reglas claras para que esto no vuelva a pasar. No puede depender de decisiones discrecionales”, señaló Garay.
En el tramo final de la entrevista, la funcionaria insistió en que el eje del problema no es solo político, sino profundamente social.
“Claro que esta es una discusión política, porque hablamos de recursos. Pero en el medio está la gente, que necesita respuestas”, expresó.
Y concluyó con una advertencia contundente: “Hay situaciones muy delicadas. A un paciente que necesita medicación no se le puede responder con que se está haciendo un esfuerzo. Se necesitan soluciones reales y urgentes”.