Nidia Benitez: “Algunos docentes no superan los 400 mil pesos”

Según detalló, la situación contrasta con los avances obtenidos en el plano judicial, donde ya hubo pronunciamientos que obligan al Estado a cumplir con la ley de financiamiento universitario. Sin embargo, aseguró que esos fallos no se están ejecutando. “La Justicia ya dijo que se tiene que garantizar el financiamiento, tanto para el funcionamiento de las universidades como para que los salarios estén acordes a la realidad, pero eso no está pasando”, afirmó. En ese contexto, remarcó que desde la asunción del gobierno de Javier Milei los trabajadores universitarios han sufrido una pérdida de poder adquisitivo cercana al 50%, lo que impacta directamente en la vida cotidiana de docentes y no docentes.

La dirigente puso como ejemplo que un docente con diez años de antigüedad, con una dedicación simple de diez horas semanales, percibe un salario que no supera los 400 mil pesos, incluso teniendo en cuenta el adicional por zona desfavorable que se paga en Tierra del Fuego. Esta realidad, explicó, genera un fuerte desincentivo para la permanencia en el sistema universitario, especialmente cuando se compara con otros niveles educativos o con el ejercicio profesional en el ámbito privado. “Estamos por debajo de lo que se paga en el sistema educativo provincial, tanto en nivel secundario como terciario, y eso hace que muchos compañeros se vayan”, señaló.

En ese marco, confirmó que en los últimos dos años se registraron cerca de 70 renuncias dentro de la universidad, una cifra que representa aproximadamente el 8% del total del personal. Lo más preocupante, indicó, es que la mayoría de quienes dejaron sus cargos eran trabajadores con estabilidad laboral, es decir, docentes concursados y personal no docente de planta permanente. “Es muy fuerte que personas que ya tenían asegurado su lugar en la universidad decidan irse, pero la realidad económica no les permite sostenerse”, explicó.

La fuga de profesionales responde a distintas estrategias de supervivencia. Muchos docentes optan por migrar hacia el sistema educativo provincial, donde encuentran mejores salarios, mientras que otros se vuelcan de lleno a sus profesiones, abandonando la docencia universitaria. También hay casos de trabajadores que mantienen su cargo pero solicitan licencias sin goce de haberes para desempeñarse en otras actividades, e incluso algunos recurren a trabajos informales o emprendimientos para complementar ingresos. “Estamos viendo situaciones de compañeros que venden productos o hacen actividades que no tienen nada que ver con su formación, simplemente porque el salario no alcanza”, advirtió.

A este escenario se suma el deterioro del funcionamiento institucional. La falta de recursos no solo afecta los sueldos, sino también el desarrollo cotidiano de la universidad. La dirigente explicó que actualmente hay dificultades para cubrir gastos básicos, desde servicios hasta mantenimiento de infraestructura, y que áreas clave como la investigación y la extensión se encuentran prácticamente paralizadas. También se han reducido los viáticos, lo que complica el traslado de docentes entre las sedes de Ushuaia y Río Grande, afectando la dinámica académica. “Hay cosas que se sostienen por el esfuerzo de quienes seguimos, pero la situación es cada vez más difícil”, sostuvo.

En relación a las medidas de fuerza, Nidia aclaró que el sindicato que representa no adhiere a paros prolongados como otros sectores, sino que opta por jornadas aisladas acompañadas de acciones de visibilización. Esta decisión, explicó, responde a la necesidad de evitar un desgaste excesivo del conflicto y, sobre todo, de proteger a los estudiantes. “No queremos que las aulas queden vacías durante semanas. Creemos que eso también perjudica a los estudiantes y termina jugando en contra del sistema universitario”, indicó.

En ese sentido, subrayó que el reclamo no es solo salarial, sino que apunta a sostener un modelo educativo que consideran fundamental para el país. “La universidad pública es una herramienta de igualdad. Permite que cualquier persona, independientemente de su origen, pueda acceder a una formación profesional. Lo que está en juego es mucho más que un salario”, expresó. Asimismo, advirtió que si la situación no se revierte, se corre el riesgo de avanzar hacia un esquema en el que el acceso a la educación superior quede restringido.

Finalmente, la dirigente remarcó que el conflicto se mantiene abierto y que las medidas podrían profundizarse si no hay respuestas concretas por parte del Gobierno nacional. Mientras tanto, el sector continúa en estado de alerta, combinando protestas, acciones judiciales y espacios de difusión para visibilizar una problemática que ya impacta de lleno en el presente y el futuro de la universidad pública en la provincia y en todo el país.