Arroyo defendió la apelación del Gobierno y cuestionó la intervención de los partidos políticos en la causa por la reforma constitucional

En diálogo con FM La Isla, la funcionaria explicó que el recurso de apelación elaborado por el Gobierno contiene seis agravios que apuntan a cuestionar distintos aspectos de la resolución judicial que frenó el avance de la reforma. Según indicó, uno de los principales puntos planteados está relacionado con la interpretación realizada sobre la firmeza del fallo y las consecuencias jurídicas derivadas de esa decisión.

Arroyo sostuvo que la existencia de una queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia no implica automáticamente la suspensión de los efectos de una resolución dictada por el Superior Tribunal de Justicia. En ese sentido, señaló que la postura del Ejecutivo provincial se basa en la interpretación de que la medida judicial que paralizó el proceso de reforma no posee los alcances que le fueron atribuidos por quienes impulsaron las acciones judiciales.

La funcionaria también explicó que el expediente ingresó ahora en una nueva etapa procesal. Como parte del trámite de la apelación, la Justicia otorgó intervención a los partidos políticos para que expresen su opinión respecto del recurso presentado por el Gobierno. Sobre este punto, detalló que se estableció un plazo de cinco días corridos para que las fuerzas políticas presenten sus consideraciones ante el tribunal.

“Hay un plazo de cinco días corridos para emitir opinión”, indicó Arroyo al describir el procedimiento actualmente en curso.

Una vez vencido ese plazo, el expediente será remitido a la Cámara correspondiente para que analice los argumentos expuestos por las partes y resuelva sobre la apelación presentada por el Ejecutivo. Desde el Gobierno provincial solicitaron que el tratamiento de la causa se realice con carácter urgente, argumentando la trascendencia institucional que posee el debate y la incidencia que podría tener sobre los tiempos previstos en el calendario electoral.

Durante la entrevista, Arroyo manifestó además reparos respecto de algunos aspectos del procedimiento judicial. Particularmente cuestionó la decisión de otorgar participación a los partidos políticos en esta instancia del proceso, al considerar que no se trata de una práctica habitual en causas de estas características.

La secretaria sostuvo que la apelación también plantea objeciones vinculadas a la fundamentación del fallo que suspendió la reforma constitucional. Según expresó, uno de los agravios apunta a la presunta falta de motivación suficiente en la resolución judicial, aspecto que el Ejecutivo considera relevante para que la Cámara revise lo actuado.

Asimismo, reveló que el Gobierno provincial continúa evaluando otras alternativas jurídicas relacionadas con decisiones previas adoptadas en el marco del proceso de reforma constitucional. Sin embargo, aclaró que esas posibles acciones no forman parte del recurso de apelación actualmente presentado y que serán analizadas de manera independiente.

La controversia judicial en torno a la reforma constitucional continúa generando repercusiones en el ámbito político fueguino. Mientras el Ejecutivo busca revertir la suspensión del proceso, la definición quedará ahora en manos de la Cámara, que deberá pronunciarse una vez cumplidos los plazos procesales y recibidas las opiniones de los partidos políticos convocados a intervenir.