La Legislatura de Tierra del Fuego comenzará el miércoles 4 de noviembre el tratamiento en comisión del proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2027. El cronograma establece siete jornadas de reuniones, distribuidas en tres semanas, con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, empresas estatales, representantes del Poder Judicial y órganos de control.
La iniciativa, presentada por el Ejecutivo provincial a fines de agosto mediante el Mensaje 22/26 e ingresada como asunto 475/26, contempla gastos por $2.743.000 millones y recursos estimados en $2.605.000 millones. De acuerdo con las cifras originales, el déficit financiero alcanzaría los $137.955,8 millones, equivalente a aproximadamente el 5,3% de los ingresos proyectados.
Uno de los principales interrogantes que atraviesa la discusión es si el Ministerio de Economía provincial modificó las estimaciones iniciales para adecuarlas a las previsiones del Presupuesto nacional, presentado aproximadamente quince días después del proyecto fueguino. Las exposiciones en comisión permitirán conocer si hubo actualizaciones en los recursos esperados, el déficit y las necesidades de financiamiento.
El presidente de la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda, Finanzas y Política Fiscal N.º 2, el legislador Matías Lapadula, fue quien informó el calendario de reuniones para el análisis de la propuesta.
El proyecto original fue elaborado sobre la base de una inflación interanual del 21,5%, un crecimiento económico del 3,2% y un dólar estimado en $2.017 para diciembre de 2027.
En septiembre, el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, había anticipado que, una vez conocidas las previsiones nacionales, podría actualizarse el cálculo de los ingresos provenientes de la coparticipación federal. Por ese motivo, uno de los puntos centrales de las reuniones será determinar si las proyecciones provinciales continúan vigentes o si requieren modificaciones.
En cuanto a la distribución del gasto, los servicios sociales, que comprenden áreas como educación, salud, vivienda y promoción social, concentran alrededor de $1,73 billones, más del 63% del total previsto.
Por su parte, la Administración Gubernamental tiene asignados $708.083 millones, mientras que los Servicios Económicos, que incluyen energía, infraestructura y producción, disponen de $162.858 millones. El área de Seguridad cuenta con una partida estimada en $118.176 millones.
El proyecto también contempla fuentes de financiamiento por $276.953,7 millones y aplicaciones financieras por $138.997,9 millones, en un esquema que busca atender las necesidades financieras previstas para el próximo ejercicio.
Entre las medidas vinculadas con la administración del personal estatal, el Ejecutivo propone suspender durante 2027 la cobertura de vacantes, con excepciones para servicios considerados prioritarios y sujetas a la disponibilidad financiera.
Para calcular el gasto salarial, se toma como referencia la masa salarial estimada para diciembre de 2026, con un crecimiento vegetativo del 4%. Este porcentaje corresponde a la evolución prevista de la planta de personal y no representa una pauta de recomposición de los salarios estatales.
Además, la iniciativa propone implementar un régimen de retiro voluntario para agentes permanentes con una antigüedad mínima de diez años. El mecanismo alcanzaría hasta el 5% de los cargos y contemplaría excepciones para determinados sectores. Los puestos que queden vacantes como consecuencia de la aplicación del régimen serían eliminados.
Estas disposiciones formarán parte de la discusión presupuestaria junto con las previsiones de gastos de funcionamiento y las necesidades de cada área del Estado provincial.
Otro de los puntos relevantes es la autorización solicitada para obtener hasta $50.000 millones destinados a obras de infraestructura. A esto se suma la propuesta de establecer un programa de Letras del Tesoro por $100.000 millones.
El proyecto también habilita la posibilidad de recurrir a financiamiento de hasta doce meses para cubrir desequilibrios estacionales de caja, con un límite equivalente al 10% del gasto previsto para el ejercicio.
En materia de deuda pública, el servicio demandaría $83.268 millones durante 2027. De ese total, $16.809 millones corresponderían al pago de intereses, mientras que el monto restante se destinaría a la amortización de capital.
La evolución de los ingresos y la capacidad de financiamiento serán aspectos determinantes para evaluar cómo podrá afrontar la Provincia sus obligaciones y sostener los gastos previstos para el próximo año.
La propuesta presupuestaria incluye modificaciones impositivas que podrían impactar sobre distintos sectores de la actividad económica.
Uno de los cambios centrales consiste en suspender durante 2027 las reducciones del 15% o del 8% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos que actualmente benefician a los contribuyentes cumplidores. De aprobarse, estos pasarían a tributar la alícuota completa. Además, el Ejecutivo solicita facultades para extender la suspensión por un año adicional.
Según explicó el ministro Alejandro Barrozo, los cambios de alícuotas alcanzarían aproximadamente al 25% del nomenclador de actividades. En numerosos servicios, los incrementos representarían 0,5 puntos porcentuales.
El funcionario estimó que las modificaciones permitirían recaudar unos $30.000 millones adicionales, a los que se sumarían otros $10.000 millones provenientes del impuesto de Sellos.
La iniciativa también plantea modificaciones en la carga tributaria de determinadas actividades mediante cambios en los fondos adicionales que se cobran junto con Ingresos Brutos.
En los servicios de apoyo a la pesca, por ejemplo, la carga conjunta del impuesto y del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales pasaría del 0,75% al 5%. En cambio, para la extracción de petróleo y gas, la carga se reduciría del 4,5% al 3%.
En relación con el impuesto de Sellos, el proyecto establece una alícuota del 12 por mil, equivalente al 1,2%, para las liquidaciones o resúmenes periódicos de tarjetas de crédito y compra.
También contempla tasas diferenciadas para distintas operaciones: 10 por mil para actos generales; 12 por mil para determinadas cesiones y reconocimientos de deuda; 15 por mil para fideicomisos y ciertos alquileres comerciales o industriales; 20 por mil para transferencias de inmuebles, y 25 por mil para determinadas operaciones con automotores.
Como excepción, se propone una alícuota del cero por mil para los alquileres destinados a vivienda única, familiar y permanente.
El proyecto también plantea cambios en la distribución de los recursos tributarios. El fondo destinado a la atención de personas sin cobertura social recibiría el 7% de la recaudación de Ingresos Brutos antes de la distribución secundaria.
En cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, se propone destinar el 20% de lo recaudado a tres objetivos: el mantenimiento de caminos rurales, con un 10%; el manejo de poblaciones de perros, con un 5%; y la prevención y atención de incendios forestales, con otro 5%.
Esta propuesta se vincula con el proyecto de financiamiento educativo, que contempla destinar al nuevo fondo hasta el 40% de los recursos generados por modificaciones en las alícuotas o bases imponibles del Impuesto Inmobiliario, incluidos los revalúos. Sin embargo, ambos porcentajes se calculan sobre bases diferentes, por lo que no pueden sumarse directamente para establecer una distribución conjunta.
La discusión también se desarrolla luego de la actualización de las valuaciones rurales aplicada en 2026. El valor básico de la hectárea libre de mejoras pasó de $900 a $81.623,46, aunque esa variación no se traslada automáticamente en la misma proporción al impuesto que debe abonar cada establecimiento.
Otro punto que podría generar debate es la posible superposición de gravámenes sobre el gas. El Presupuesto propone destinar un 3,4% al Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales, mientras que el proyecto educativo contempla otro 3,4% de Ingresos Brutos sobre la misma actividad de distribución de gas natural.
Si ambas propuestas fueran aprobadas sin modificaciones, la carga conjunta podría alcanzar el 6,8%. Durante el análisis de la iniciativa educativa se planteó retirar el gravamen previsto en ese proyecto, aunque todavía resta conocer cuál será la redacción definitiva.
El tratamiento en comisión se extenderá desde el miércoles 4 hasta el miércoles 18 de noviembre, con siete jornadas de exposiciones en las que participarán funcionarios y representantes de las distintas áreas del Estado provincial.
Primera semana
El miércoles 4 de noviembre, desde las 10:00, expondrán la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación Fueguina. A las 14:30 será el turno del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia.
El jueves 5, a las 11:00, participará la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales. A las 12:00 expondrá el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, mientras que a las 14:30 lo hará el Ministerio de Producción y Ambiente.
Segunda semana
El martes 10 de noviembre, a las 11:00, será el turno del Ministerio de Energía, Terra Ignis y la Dirección Provincial de Energía. Desde las 14:30 participará el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
El miércoles 11, a las 11:00, expondrá la Fiscalía de Estado y, a las 12:00, el Tribunal de Cuentas. A partir de las 14:30 asistirán representantes del Ministerio de Salud y del Laboratorio del Fin del Mundo.
El jueves 12, a las 11:00, participará el Instituto Fueguino de Turismo; a las 12:00, la Dirección Provincial de Puertos; a las 14:00, la Agencia de Innovación; y a las 15:00, la Dirección Provincial de Vialidad.
Tercera semana
El martes 17 de noviembre, a las 11:00, expondrá la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. A las 12:00 será el turno del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas; a las 13:00, de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF); y a las 15:00, de la Caja de Previsión Social.
Finalmente, el miércoles 18, a las 11:00, participará el Poder Judicial; a las 12:00, el Banco de Tierra del Fuego; a las 14:00, el Ministerio de Trabajo y Empleo; y a las 15:00, el Ministerio de Educación.
Con este cronograma, la Legislatura abrirá una instancia de análisis que permitirá revisar las proyecciones económicas, las prioridades de gasto y las herramientas de financiamiento previstas para 2027. La discusión también pondrá bajo la lupa las modificaciones tributarias propuestas y su impacto sobre contribuyentes, actividades productivas y servicios esenciales, antes de avanzar hacia las siguientes etapas del tratamiento legislativo.