por Redacción Del Pueblo
La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia de Tierra del Fuego, Lucía Rossi, analizó la situación social de la provincia y reconoció las dificultades que enfrenta el Estado para responder a una demanda de asistencia que crece en un contexto de pérdida de empleo, dificultades para afrontar los gastos básicos y reducción de los ingresos familiares.
En diálogo con FM Del Pueblo, la funcionaria explicó que el presupuesto provincial fue elaborado con responsabilidad, aunque advirtió que resulta difícil garantizar que los recursos alcancen durante todo el próximo año, debido al escenario económico y a la disminución de los ingresos que percibe la provincia.
“Es un presupuesto que se armó con profunda responsabilidad y criterio, sabiendo que estamos atravesando un contexto de crisis sumamente complejo”, sostuvo Rossi. En ese sentido, señaló que la recaudación y los fondos coparticipables están condicionados por la situación económica, lo que genera incertidumbre respecto de la capacidad financiera para sostener las políticas públicas.
La ministra confirmó que durante el último semestre se incrementó la asistencia alimentaria y otras herramientas de acompañamiento destinadas a las familias que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. Asimismo, remarcó que el objetivo del Gobierno provincial es continuar garantizando la presencia del Estado ante las necesidades de los vecinos.
“Es muy complicado saber si ese recurso va a alcanzar, porque el contexto ya indica que realmente va a ser muy complejo”, reconoció, aunque ratificó el compromiso de continuar asistiendo a quienes necesitan ayuda.
Rossi también se refirió al vínculo institucional entre la administración provincial y el Gobierno nacional y aclaró que, pese a la existencia de canales de diálogo, Tierra del Fuego no recibe asistencia directa de Nación para acompañar a las familias que atraviesan dificultades económicas.
“Hay una relación institucional madura, pero no estamos recibiendo asistencia de ningún tipo del Gobierno nacional para el acompañamiento a nuestros vecinos y vecinas, más allá de los fondos coparticipables, que son fondos que nos corresponden”, afirmó.
En esa línea, cuestionó el enfoque de la administración nacional respecto de las políticas sociales y defendió la intervención estatal frente a las consecuencias de la crisis.
“Para nosotros, el Estado debe acompañar. En contextos de crisis es cuando mayor presencia del Estado debe haber y tiene que haber una respuesta rápida”, expresó.
La funcionaria describió situaciones de familias que no pueden garantizar la alimentación diaria de sus hijos, afrontar los alquileres o pagar los servicios básicos. También advirtió sobre el impacto emocional que generan estas dificultades y destacó la importancia de brindar una respuesta integral.
Según explicó, el acompañamiento no se limita a la entrega de módulos alimentarios o recursos económicos, sino que también contempla la escucha y el trabajo articulado con otras áreas, especialmente con el Ministerio de Salud y los equipos de salud mental.
“Hoy en día la escucha es fundamental”, remarcó Rossi, al señalar que muchas familias necesitan no solamente una ayuda concreta, sino también orientación para encontrar alternativas que les permitan mejorar su situación.
La ministra indicó, además, que algunas personas que actualmente recurren al Estado nunca habían necesitado asistencia anteriormente y que, de un momento a otro, se encontraron en una situación de vulnerabilidad desconocida.
En ese marco, defendió la necesidad de sostener las políticas sociales y cuestionó el discurso que minimiza las dificultades económicas que atraviesan los sectores más afectados.
Otro de los ejes de la entrevista fue el programa de acogimiento familiar, una iniciativa destinada a brindar un entorno transitorio de cuidado a niños, niñas y adolescentes que deben ser separados de sus hogares de origen por situaciones de vulnerabilidad o riesgo.
Rossi aclaró que el programa comprende a personas de entre 0 y 18 años y explicó que el objetivo es reducir al mínimo posible la institucionalización, priorizando la permanencia de las infancias en ambientes familiares que les brinden protección, afecto y contención.
“Estamos haciendo un trabajo muy serio y responsable en donde tratamos que el número de niños institucionalizados sea el menor posible”, señaló.
La ministra indicó que, según los datos que mencionó durante la entrevista, menos del 10% de los niños, niñas y adolescentes alcanzados por estas medidas en la provincia se encuentran institucionalizados, mientras que el resto permanece en familias de acogimiento.
En ese sentido, destacó el trabajo de las personas que se inscriben voluntariamente para recibir temporalmente a niños y adolescentes que necesitan salir de sus entornos familiares.
Rossi sostuvo que se trata de una tarea que requiere compromiso y sensibilidad, ya que muchas de estas infancias llegan con experiencias complejas y necesitan espacios donde puedan sentirse protegidas, escuchadas y acompañadas.
“La institucionalización es el camino más corto, pero el marco amoroso del entorno familiar no se repite en estos hogares”, expresó al explicar por qué la provincia busca fortalecer las alternativas de acogimiento.
La funcionaria también destacó que la experiencia puede resultar enriquecedora para quienes reciben a los niños, al tiempo que representa una oportunidad para garantizarles un ambiente de cuidado durante el período que dure la medida de protección.
Rossi explicó que la convocatoria para sumar nuevas familias es permanente y que los requisitos iniciales son accesibles. Entre las condiciones mencionó ser mayor de edad y no tener antecedentes penales, además de participar de un proceso de entrevistas y orientación para contar con las herramientas necesarias para acompañar a las infancias.
La inscripción, aclaró, no implica necesariamente recibir de manera inmediata a un niño, ya que la vinculación depende de las necesidades existentes en cada momento y de las características de las situaciones que deben abordarse.
Sin embargo, remarcó que la demanda de familias de acogimiento continúa siendo importante, incluso cuando existe una comunidad de personas inscriptas y dispuestas a colaborar.
En Río Grande, quienes deseen obtener información o consultar sobre el procedimiento pueden acercarse a las oficinas de Niñez, Adolescencia y Familia, ubicadas en Estrada 770. También pueden consultar las convocatorias difundidas a través de las redes sociales oficiales del Gobierno provincial.
Durante la entrevista, la ministra también se refirió a la diplomatura de acompañantes territoriales en situaciones vinculadas a la violencia por motivos de género, una propuesta de formación de la Universidad Nacional de Córdoba que se desarrolla completamente de manera virtual.
Rossi informó que la edición actual superó los 600 inscriptos en toda la provincia, una cifra récord para la capacitación. La cursada se encontraba en su etapa final y, según anticipó, el Gobierno provincial prevé realizar una nueva convocatoria durante 2027.
La funcionaria recordó que a comienzos de este año se entregaron más de 300 diplomas correspondientes a participantes de la edición anterior.
Explicó que el objetivo de la formación es brindar herramientas para detectar situaciones de violencia, saber cómo actuar y conocer los recursos disponibles en los ámbitos provincial, municipal y nacional para orientar y acompañar a las personas afectadas.
“Es darle a nuestros vecinos y vecinas herramientas para poder ser agentes de detección de estas situaciones de violencia por motivos de género, pero también para saber cómo actuar”, manifestó.
Rossi destacó, además, el nivel de los especialistas que participan de la propuesta y confirmó que ella misma se encuentra cursando la diplomatura.
En el tramo final de la entrevista, la ministra fue consultada sobre las garantías para el ejercicio de los derechos en Tierra del Fuego frente a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.
Al respecto, sostuvo que el escenario actual exige redoblar los esfuerzos para preservar los derechos conquistados y continuar desarrollando políticas públicas de protección social.
“Seguiremos trabajando en sostener, en defender y en seguir militando aquellas causas que realmente nos parece que ameritan poder sostener”, afirmó.
Rossi cuestionó lo que definió como una mirada negacionista de la administración nacional y advirtió sobre las consecuencias que pueden tener las políticas que afectan a distintos sectores de la sociedad.
En ese sentido, mencionó la necesidad de acompañar a las personas con discapacidad, a los jubilados y a otros grupos que enfrentan dificultades, además de mantener el trabajo conjunto con las organizaciones de derechos humanos.
La ministra anticipó que el Gobierno provincial trabaja junto con la Secretaría de Derechos Humanos en una agenda de actividades para el 10 de diciembre, con el objetivo de reforzar las acciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
Finalmente, insistió en que el desafío de la provincia será sostener las políticas de acompañamiento social en un contexto económico complejo, con una demanda creciente y recursos limitados.
“Tenemos que seguir sosteniendo, defendiendo y trabajando constantemente por cada uno de los derechos adquiridos”, concluyó.