Araujo le exigió a Melella información sobre la coparticipación y la deuda con los municipios

El manejo de los fondos de coparticipación provincial volvió a instalarse en el centro de la discusión política en Tierra del Fuego. A través de una presentación formal, el diputado nacional Jorge “Koky” Araujo solicitó al Gobierno provincial información precisa sobre las transferencias de recursos a los municipios de Río Grande y Ushuaia, con el objetivo de conocer el estado de las obligaciones financieras y los criterios aplicados para distribuir los fondos.

La nota fue dirigida al gobernador Gustavo Melella y al ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo. Entre los principales puntos, el legislador requirió que se detalle cuánto dinero adeuda actualmente la Provincia a cada municipio y cuáles fueron las transferencias efectivamente realizadas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026.

El planteo adquiere relevancia en el contexto del reclamo del Municipio de Río Grande, que sostiene que la deuda provincial supera los $17.000 millones. Según lo señalado desde la administración local, las demoras en el envío de los recursos afectan la previsibilidad financiera y generan dificultades para sostener las obligaciones presupuestarias y garantizar los servicios municipales.

Araujo solicitó que el Ejecutivo remita un informe oficial acompañado de documentación respaldatoria que permita conocer en detalle la situación de las cuentas pendientes con ambas ciudades. El requerimiento incluye información sobre los montos adeudados, los fondos pendientes de transferencia, los procedimientos administrativos utilizados y los criterios financieros y normativos que determinan las prioridades de pago.

Además, el diputado pidió que se expliquen las posibles diferencias entre los mecanismos aplicados a Río Grande y Ushuaia, así como los fundamentos que justificarían eventuales variaciones en los tiempos y modalidades de las transferencias. Otro de los puntos centrales es conocer si el Gobierno provincial cuenta con un cronograma concreto para regularizar las obligaciones pendientes y garantizar la continuidad de los pagos.

Desde esa perspectiva, la presentación busca establecer si los recursos se distribuyen bajo criterios equivalentes para ambos municipios o si existen diferencias que deban ser explicadas públicamente. El legislador aclaró que su pedido no presupone la existencia de discriminación contra Río Grande, sino que apunta a obtener información verificable para determinar el estado real de las transferencias y las obligaciones financieras de la Provincia.

El reclamo se produce en un escenario económico complejo para Río Grande, marcado por las dificultades que atraviesan distintos sectores de la actividad productiva, la caída del empleo industrial y la retracción del consumo. En ese contexto, las demoras en el ingreso de recursos provinciales representan una preocupación para las finanzas municipales, debido a que la administración local debe afrontar gastos corrientes, sostener servicios públicos y cumplir con sus compromisos presupuestarios.

La discusión también comenzó a trasladarse a otros ámbitos institucionales. Representantes del Municipio, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas mantuvieron un encuentro para analizar las consecuencias de la deuda reclamada y evaluar posibles acciones conjuntas. La intervención de Araujo incorpora ahora una nueva instancia al debate, con un pedido de explicaciones dirigido directamente al Ejecutivo provincial desde el Congreso de la Nación.

La presentación pone el foco en la necesidad de contar con información pública precisa sobre la distribución de los recursos provinciales y el cumplimiento de las obligaciones con los gobiernos municipales. Más allá de las diferencias políticas entre las administraciones, el planteo apunta a conocer los montos efectivamente transferidos, las deudas pendientes y las medidas previstas para normalizar los pagos.

La documentación solicitada permitirá contrastar los reclamos municipales con los registros oficiales y determinar si existen diferencias en los tiempos y mecanismos utilizados para transferir los fondos a Río Grande y Ushuaia.

Con el reclamo de una deuda que supera los $17.000 millones, el Municipio de Río Grande mantiene la exigencia de regularizar los recursos pendientes, mientras que el pedido de Araujo busca que el Gobierno provincial precise cuánto adeuda, qué montos transfirió y bajo qué criterios administra las obligaciones con las ciudades.

La respuesta oficial será clave para esclarecer la situación financiera y aportar información concreta a una discusión que involucra la coparticipación, la autonomía municipal y el cumplimiento de las obligaciones del Estado provincial.