Deuda Provincial: Río Grande prepara acciones judiciales

En diálogo con Rulo Quiroga, el edil explicó que la deuda provincial asciende a $17.000 millones y remarcó que los fondos son necesarios para garantizar el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Entre los servicios que podrían verse comprometidos, mencionó la potabilización del agua y la recolección de residuos.

“Acá no es una deuda con Martín Pérez o con un intendente particular. La deuda que se mantiene es con todos los riograndenses”, afirmó Boggado, al señalar que la discusión excede la posibilidad de ejecutar nuevas obras y se concentra en sostener los servicios esenciales para la comunidad.

El concejal también cuestionó los plazos de demora en las transferencias y recordó que, cuando el actual gobernador se desempeñaba como intendente, había reclamado por un atraso de 22 días. Según indicó, actualmente Río Grande enfrenta una demora de 45 días, con una deuda que alcanza los $17.000 millones.

Boggado sostuvo que existen conversaciones entre los equipos financieros municipales y el Gobierno provincial, pero consideró que los montos enviados hasta el momento son insuficientes frente a la deuda acumulada. En ese sentido, remarcó que se trata de recursos que, según su planteo, ya ingresaron a las arcas provinciales y deberían haberse transferido de manera directa y automática al Municipio.

En ese marco, cuestionó el veto del gobernador Gustavo Melella a la denominada ley de goteo y afirmó que, de haber estado vigente ese mecanismo, la situación actual podría haberse evitado.

“Están jugando con la plata de los riograndenses”, expresó el concejal, quien además planteó interrogantes sobre el destino de los fondos que permanecen en poder de la Provincia. Como hipótesis, mencionó la posibilidad de que esos recursos generen intereses financieros mientras el Municipio espera las transferencias, aunque no presentó documentación que acreditara ese supuesto.

Reclamo institucional y posibles acciones judiciales

La situación fue abordada en una reunión que reunió a representantes de distintos poderes y organismos municipales, con el objetivo de definir los pasos a seguir frente a la deuda provincial. Según Boggado, el encuentro permitió consolidar una posición común respecto de la necesidad de obtener una respuesta y encontrar una solución definitiva.

El edil confirmó que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación dirigido a la Legislatura provincial para poner en conocimiento de los legisladores la situación financiera que atraviesa Río Grande y solicitar que evalúen posibles medidas.

Al mismo tiempo, señaló que se acordó avanzar con las presentaciones jurídicas que correspondan desde el Municipio. Explicó que el reclamo no puede depender exclusivamente de la voluntad política de las partes, ya que los funcionarios tienen responsabilidades institucionales que deben cumplir.

“Uno no puede solamente recaer en la cuestión de buena voluntad, de decirle al otro: ‘Esperame un poquito más que ahí veo cómo lo resuelvo’”, sostuvo.

En esa línea, aclaró que la posibilidad de recurrir a la Justicia no excluye la continuidad de las conversaciones con el Gobierno provincial. Por el contrario, planteó que ambas vías pueden desarrollarse en paralelo para intentar resolver el conflicto lo antes posible.

Un reclamo que atravesó a todos los bloques políticos

Boggado destacó que el proyecto aprobado en el Concejo Deliberante contó con el respaldo unánime de los bloques políticos, incluido el espacio de FORJA. Según señaló, la posición adoptada responde a una responsabilidad institucional que debe estar por encima de las diferencias partidarias.

“Se trata de una cuestión de responsabilidad jurídica, principalmente, y política luego”, manifestó.

El concejal insistió en que la discusión no debe interpretarse como un enfrentamiento entre sectores políticos, sino como un reclamo por los recursos que corresponden a la ciudad. En ese sentido, consideró necesario que tanto las autoridades municipales como las provinciales cumplan con sus responsabilidades para evitar que la demora continúe afectando las finanzas locales.

Finalmente, Boggado expresó su expectativa de que el diálogo entre el intendente Martín Pérez y el gobernador Gustavo Melella permita alcanzar un acuerdo y regularizar las transferencias. Sin embargo, reiteró que el Municipio deberá avanzar por los canales legales correspondientes si no obtiene una respuesta concreta.

El conflicto por los fondos de coparticipación continúa así en el centro de la agenda política de Río Grande, con un reclamo institucional que combina negociaciones con la Provincia, gestiones ante la Legislatura y la posibilidad de acciones judiciales para exigir el pago de los recursos reclamados.