por Redacción Del Pueblo
Villone explicó que el plan de lucha de los trabajadores judiciales comenzó entre febrero y marzo y se organiza en torno a tres ejes: la recomposición salarial, la resolución de reclamos administrativos y la discusión sobre cómo se administran los recursos del Poder Judicial.
En materia salarial, el dirigente sindical señaló que el reclamo dejó de centrarse en una mejora de los ingresos y pasó a tener como objetivo principal evitar que los salarios pierdan frente a la inflación.
“Ya ni siquiera es una mejora salarial, es tratar de no perder con la inflación”, expresó.
Según detalló, durante cuatro meses del año los trabajadores no recibieron recomposiciones salariales, una situación que, de acuerdo con sus estimaciones, los ubica entre cinco y siete puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada en 2026, sin contabilizar las pérdidas salariales de 2023.
En ese sentido, remarcó que el sindicato no está reclamando recuperar de inmediato todo el poder adquisitivo perdido en años anteriores, sino evitar que la situación continúe deteriorándose.
“No pedimos recuperar los 30 puntos, lo que pedimos es no perder con la inflación de este año”, afirmó Villone, al referirse a las pérdidas que, según indicó, sufrieron los trabajadores durante 2023.
El secretario general también cuestionó el alcance de algunas recomposiciones salariales otorgadas en determinadas categorías. Como ejemplo, mencionó aumentos de alrededor de $40.000 para algunos trabajadores y de $100.000 en ciertas categorías de funcionarios, montos que consideró insuficientes frente a las necesidades actuales.
El segundo eje del reclamo está vinculado con más de 20 planteos individuales y sectoriales que, según Villone, todavía esperan respuestas. Entre ellos mencionó cuestiones administrativas, dificultades vinculadas con la carrera judicial y procedimientos que, a su entender, se encuentran excesivamente burocratizados.
El tercer punto, explicó, adquirió mayor relevancia ante los argumentos relacionados con la escasez de recursos económicos.
El dirigente sostuvo que, además de discutir la disponibilidad de fondos, es necesario analizar cuáles son las prioridades de gasto dentro del Poder Judicial.
En ese marco, hizo referencia a las recomposiciones salariales otorgadas de manera unilateral a integrantes del Tribunal de Cuentas y consideró que esas decisiones abren interrogantes sobre la distribución de los recursos en el ámbito estatal.
“Lo que demuestra es que por ahí el panorama que se habla de la escasez de dinero no es tal para algunos sectores”, señaló.
Villone aclaró que el planteo sindical no apunta a cuestionar directamente los salarios de las autoridades judiciales, sino a reclamar criterios claros y equitativos en la administración de los recursos disponibles.
También advirtió sobre lo que describió como una doble vara en las políticas de austeridad: restricciones para insumos, recategorizaciones y mejoras de los trabajadores con cargos inferiores, mientras que, según denunció, se habilitarían recursos para determinados nombramientos.
“Hay una doble vara de austeridad”, manifestó, al insistir en la necesidad de abrir una instancia de diálogo con las organizaciones gremiales.
Durante la entrevista con Rulo Quiroga, el titular de la UEJN vinculó la discusión presupuestaria con la defensa de la independencia del Poder Judicial.
Según explicó, las autoridades judiciales deben contar con legitimidad para ejercer sus funciones, pero esa responsabilidad también implica administrar los recursos con criterios transparentes y sostener canales de diálogo con los trabajadores.
Villone consideró que el contexto económico y social exige administrar cuidadosamente las medidas de fuerza, debido al desgaste que implican para quienes participan de las protestas.
En ese sentido, destacó que los representantes sindicales de la UEJN y del CEJUC no cuentan con licencia gremial, por lo que deben continuar cumpliendo sus funciones laborales mientras organizan las acciones sindicales.
A esa situación, agregó, se suma el esfuerzo de los delegados y afiliados que participan de las medidas sin dejar de cumplir con sus responsabilidades en las distintas dependencias judiciales.
El dirigente sostuvo que la defensa de los derechos laborales implica un compromiso que repercute tanto en el ámbito de trabajo como en la vida familiar y social de quienes llevan adelante los reclamos.
Villone confirmó que el plan de lucha contempla distintas modalidades de protesta para sostener la visibilidad del reclamo sin concentrar todas las medidas en la suspensión de actividades.
De acuerdo con el cronograma informado durante la entrevista, el martes se realizó un cese de actividades a partir del mediodía, mientras que el miércoles se llevó adelante un paro de 24 horas.
Para el jueves, anunció una retención de servicios con presencia de los trabajadores en sus lugares de trabajo. La intención, explicó, es visibilizar el reclamo dentro de las dependencias judiciales y mostrar que los empleados continúan presentes mientras exigen respuestas.
“Los judiciales reclamamos con nuestra dignidad en los lugares de trabajo”, expresó.
Además, anticipó que el viernes se realizará una nueva jornada de protesta, con retención de servicios y un “ruidazo” para reforzar la difusión del conflicto.
Villone confirmó que viajará a Río Grande para participar de la actividad junto con representantes de ambos sindicatos, en una demostración de unidad gremial.
“Ahí estaremos los dos sindicatos en unidad en Río Grande, tocando los bombos y haciendo ruido, visibilizando el reclamo de los trabajadores”, adelantó.
Sobre el cierre de la entrevista, el secretario general insistió en que los trabajadores judiciales comprenden las dificultades económicas que atraviesan la provincia y el país, pero consideró que esa situación no debe impedir la discusión sobre las prioridades presupuestarias.
El reclamo, remarcó, no apunta a desconocer el escenario económico, sino a evitar que el costo del ajuste recaiga exclusivamente sobre los trabajadores.
Villone también sostuvo que las recomposiciones salariales deben evaluarse en función de su impacto real sobre los ingresos y no solamente a partir de los porcentajes anunciados.
Con el plan de lucha en marcha y una nueva jornada de protesta prevista para el viernes en Río Grande, el sindicato buscará sostener el reclamo salarial y obtener respuestas a los planteos administrativos pendientes.
Por el momento, según lo expresado por el dirigente en FM del Pueblo, el conflicto continúa abierto y la organización gremial mantiene su exigencia de una negociación que permita preservar el poder adquisitivo de los trabajadores judiciales.