por Redacción Del Pueblo
Martínez explicó su presencia en la apertura de la casa peronista de Río Grande y rechazó las versiones que interpretaron su participación como una señal de acercamiento político que debía generar controversias. En diálogo con FM del Pueblo, cuestionó lo que consideró operaciones mediáticas y sostuvo que su asistencia respondió a una fecha significativa para el movimiento peronista.
La legisladora señaló que la inauguración de la departamental representa una oportunidad para que los distintos sectores del justicialismo puedan encontrarse, debatir y construir consensos, independientemente de las diferencias internas.
“Lo importante es tener una casa en común donde nos podamos encontrar”, expresó, al destacar la necesidad de contar con un espacio de participación para militantes, concejales, legisladores y otros dirigentes con responsabilidades institucionales.
En ese marco, aclaró que su renuncia fue presentada a la vicepresidencia del Partido Justicialista y no a su afiliación partidaria. Según explicó, el presidente del partido y los integrantes del consejo no aceptaron su dimisión.
Martínez reconoció que atravesó momentos de enojo por las diferencias políticas y situaciones que la afectaron, aunque remarcó que eso no implica abandonar sus convicciones ni cerrar las puertas al diálogo.
“Yo soy afiliada peronista y voy a morirme dentro del peronismo”, afirmó.
Asimismo, insistió en que la unidad del campo nacional y popular es fundamental para enfrentar electoralmente al Gobierno de Javier Milei. En ese sentido, mencionó la importancia de reconstruir coincidencias entre los distintos sectores del peronismo fueguino, incluidos los espacios que conducen Walter Vuoto, Daniel Harrington y Martín Pérez.
La legisladora también manifestó su expectativa de que la nueva departamental permanezca abierta a la militancia y a la comunidad. Sostuvo que estos espacios deben servir para discutir propuestas, acercar posiciones y fortalecer la construcción política.
Otro de los temas centrales de la entrevista fue el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial para declarar de utilidad pública, sujetos a expropiación, los terrenos correspondientes al macizo 67, parcelas 1, 2 y 3, ubicados en Margen Sur de Río Grande.
Martínez explicó que la iniciativa busca avanzar en la regularización de tierras donde viven y desarrollan sus actividades aproximadamente 100 familias productoras, dedicadas tanto a la producción de alimentos como a la cría de animales.
La legisladora aclaró que el proyecto no implica una expropiación inmediata, sino que constituye el primer paso legal para iniciar el procedimiento correspondiente una vez que la norma sea aprobada.
“Nosotros no estamos expropiando, lo que estamos haciendo es declarar la utilidad pública, sujeta a expropiación”, precisó.
Según detalló, estos terrenos habían quedado excluidos de la Ley 1287 debido a que existían procesos judiciales pendientes. Una vez resueltas esas cuestiones, fue posible avanzar con una iniciativa específica para incorporar a las familias del macizo 67 al proceso de regularización.
La representante de FORJA señaló que el objetivo es equiparar las condiciones de estos productores con las de otros chacareros contemplados en la legislación vigente, brindándoles mayor seguridad jurídica.
Martínez remarcó que muchas de las familias llevan entre 20 y 30 años habitando esos terrenos y realizaron importantes inversiones para convertirlos en espacios productivos. La falta de titularidad, explicó, limita sus posibilidades de acceder a créditos productivos y otras herramientas de financiamiento.
Respecto de la valuación de los terrenos, indicó que existe un valor de referencia cercano a los 124 millones de pesos, aunque reconoció que se encuentra desactualizado. En ese sentido, señaló que la legislación contempla la actualización de los montos durante el procedimiento de expropiación.
Consultada sobre la identidad de los propietarios de las tierras, la legisladora reconoció que no contaba con esa información precisa.
Además, sostuvo que la iniciativa apunta a consolidar un esquema de producción a mediana escala, con superficies que, según explicó, se ubican entre los 2.500 y los 10.000 metros cuadrados, de acuerdo con las condiciones establecidas para el uso productivo.
Martínez consideró que el Poder Ejecutivo tendrá la responsabilidad de darle continuidad al proceso y expresó su expectativa de que pueda avanzar antes de que finalice la gestión del gobernador Gustavo Melella.
La situación financiera de la provincia también ocupó un lugar importante en la entrevista. Frente a las críticas por los adelantos de coparticipación solicitados al Gobierno nacional para afrontar obligaciones financieras, Martínez rechazó que se trate de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La legisladora explicó que los adelantos de coparticipación deben ser devueltos y aseguró que el Gobierno provincial viene realizando las devoluciones correspondientes, aunque señaló que en las últimas oportunidades solicitó prórrogas para cumplir con los plazos.
“No son ATN. Los ATN no se devuelven, pero son adelantos de coparticipación”, enfatizó.
Martínez reconoció que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir todas las obligaciones del Estado fueguino. Sin embargo, sostuvo que la situación debe analizarse teniendo en cuenta las responsabilidades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autárquicos y las transferencias que corresponden a los municipios.
En su análisis, atribuyó buena parte de las dificultades económicas al impacto de las políticas del Gobierno nacional sobre los recursos provinciales y al aumento de las demandas que debe atender el Estado.
Como ejemplo, mencionó la necesidad de sostener la cobertura sanitaria de personas que perdieron su empleo o dejaron de contar con una obra social, además de los recursos que la Provincia destina a educación, subsidios y otros servicios esenciales.
También cuestionó las interpretaciones que, según manifestó, generan confusión sobre la naturaleza de las herramientas financieras utilizadas por el Ejecutivo.
La legisladora anticipó que el tratamiento del presupuesto provincial será una instancia clave para analizar posibles medidas que permitan mejorar la disponibilidad de recursos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales.
En relación con el financiamiento educativo, Martínez defendió la necesidad de avanzar con una herramienta que permita generar recursos adicionales para sostener el sistema educativo fueguino.
La legisladora recordó que el debate lleva aproximadamente dos años y sostuvo que el proyecto no resolverá de manera inmediata todos los problemas del sector, pero podría garantizar ingresos importantes a largo plazo.
Durante la entrevista, mencionó que el Estado destina alrededor de 33.000 millones de pesos a salarios vinculados con el sistema educativo y que unos 53.000 estudiantes asisten a establecimientos públicos.
También destacó el acompañamiento económico que reciben las instituciones educativas privadas y estatales para afrontar el pago de salarios docentes, al tiempo que señaló que algunas familias tuvieron dificultades para sostener las matrículas y debieron regresar a la escuela pública.
Martínez consideró que la responsabilidad de sostener la educación debe involucrar a distintos niveles del Estado, incluidos los municipios.
“Todos tenemos que colaborar con el financiamiento educativo”, sostuvo, al advertir que las dificultades económicas no desaparecerán de manera inmediata y que deberán ser afrontadas también por la próxima administración provincial.
En ese sentido, cuestionó que se rechacen iniciativas sin presentar alternativas concretas para reemplazarlas. Aseguró que existe disposición para revisar y modificar el proyecto, pero reclamó que quienes no acompañan la propuesta expliquen de qué manera consideran posible obtener los recursos necesarios.
La legisladora también vinculó las dificultades actuales con decisiones adoptadas en años anteriores y sostuvo que es necesario discutir de manera integral el financiamiento de las políticas públicas.
Martínez se refirió además al proyecto que busca atender la emergencia del sistema previsional de la Caja de la Policía y del Servicio Penitenciario provincial.
Al respecto, consideró que la situación responde, en parte, a decisiones tomadas durante años, cuando se aprobaron leyes y concesiones sin contar con el respaldo económico suficiente.
La legisladora sostuvo que existen informes previos que advertían sobre las dificultades que podía atravesar la administración de la caja y planteó la necesidad de asumir responsabilidades y tomar decisiones para enfrentar el problema.
Reconoció que las medidas que eventualmente deban adoptarse pueden resultar difíciles, pero afirmó que la responsabilidad de los representantes políticos es buscar soluciones a los problemas que enfrenta la administración pública.
La entrevista también abordó el reclamo del Municipio de Río Grande por las deudas que mantiene la Provincia y la posibilidad de trasladar la discusión al ámbito legislativo.
Martínez rechazó la idea de que el gobernador Gustavo Melella tenga una intención política de perjudicar a la ciudad y recordó que el mandatario fue intendente de Río Grande durante dos períodos.
La legisladora consideró que las diferencias entre el Gobierno provincial y los municipios deben resolverse mediante acuerdos y diálogo político, con respeto por las obligaciones que establece la Constitución.
En ese marco, sostuvo que la Provincia debe priorizar la salud, la educación y la seguridad, sin dejar de cumplir con las transferencias correspondientes a Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.
También manifestó su desacuerdo con la implementación de una ley de goteo diario de coparticipación. Según su postura, ese mecanismo no garantiza por sí mismo una solución a los problemas financieros y podría generar nuevas dificultades para la administración provincial.
Martínez señaló que ya existieron instancias judiciales relacionadas con las transferencias de recursos y consideró que la salida debe construirse mediante acuerdos responsables entre las partes.
Finalmente, reiteró que el tratamiento del presupuesto será una oportunidad para discutir herramientas que permitan mejorar la situación financiera de la Provincia y sostener sus obligaciones.
La legisladora insistió en que, frente a la caída de recursos y el crecimiento de las demandas sociales, resulta indispensable abandonar las disputas políticas estériles y avanzar en consensos que permitan atender las necesidades de los fueguinos.