La justicia notificó a Fernando Polizzi en la causa por los controles ambientales en el puerto

La investigación judicial por los presuntos impedimentos a los controles ambientales provinciales en el Puerto de Ushuaia sumó nuevas medidas. El Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur dispuso notificar formalmente a Fernando Ariel Polizzi de sus derechos y garantías, en el marco de las actuaciones que buscan esclarecer las restricciones denunciadas al ingreso de personal técnico de la Provincia.

La resolución fue dictada el 26 de octubre, en el expediente N.º 42.281/2026, y constituye un nuevo avance en la causa penal que investiga las circunstancias en las que se habrían impedido las tareas de inspección, auditoría y fiscalización ambiental dentro de las instalaciones portuarias.

Polizzi fue señalado en las actuaciones como la máxima autoridad local de la intervención federal. Según la resolución judicial, las conductas investigadas podrían encontrarse dentro del ámbito de actuación de esa autoridad, motivo por el cual se ordenó comunicarle formalmente las garantías constitucionales que le corresponden frente a su eventual vinculación con los hechos.

La medida no implica una declaración de culpabilidad ni confirma la comisión de un delito. Se trata de una instancia procesal destinada a garantizar los derechos de la persona alcanzada por la investigación mientras la Justicia avanza en el análisis de los hechos denunciados.

Para concretar la notificación, el juzgado encomendó la diligencia a la División Delitos Complejos de Ushuaia, que podrá solicitar la colaboración de la Prefectura Naval Argentina si fuera necesario.

Otro de los puntos centrales de la resolución fue la aceptación de la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego como parte querellante en la causa penal. La incorporación del organismo provincial fue solicitada por el fiscal de Estado, Virgilio Juan Martínez de Sucre, ante la posible afectación de las atribuciones de la Provincia en materia de fiscalización ambiental.

Con esta decisión, la Fiscalía de Estado podrá intervenir en el proceso y ejercer las facultades procesales correspondientes a su condición de querellante, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. Su participación apunta a esclarecer si las restricciones denunciadas afectaron las competencias provinciales para realizar inspecciones, auditorías y verificaciones ambientales en el Puerto de Ushuaia.

El conflicto se originó a partir de las denuncias sobre presuntos impedimentos al ingreso de personal técnico de la Secretaría de Ambiente provincial. Según las presentaciones judiciales, los inspectores buscaban desarrollar tareas de control dentro de la terminal, pero habrían encontrado restricciones para llevar adelante sus funciones.

Frente a esa situación, la Fiscalía de Estado solicitó inicialmente una medida de registro de las instalaciones para garantizar el ingreso de los agentes provinciales y permitir el cumplimiento de sus tareas de fiscalización.

El requerimiento fue analizado por la Justicia y dio lugar a pedidos de información complementaria, que fueron respondidos por las autoridades de la Secretaría de Ambiente.

A partir de las nuevas medidas, la investigación deberá reconstruir cómo ocurrieron los hechos, qué decisiones se adoptaron y quiénes habrían dispuesto, ejecutado o permitido las restricciones denunciadas al ejercicio de los controles ambientales.

En ese marco, las actuaciones también contemplarían el análisis de posibles responsabilidades de otras personas vinculadas con la intervención portuaria, entre ellas el dirigente sindical Juan Avellaneda, según la información difundida sobre el expediente. Cualquier eventual responsabilidad deberá determinarse a partir de las pruebas incorporadas y de las medidas que disponga la Justicia.

El eje de la causa es establecer si los hechos denunciados constituyeron una obstrucción ilegítima a las funciones de fiscalización ambiental de la Provincia y si esas conductas podrían encuadrarse en alguna figura penal.

La disputa se desarrolla en un contexto de tensión institucional por la intervención federal del Puerto de Ushuaia y el alcance de las competencias provinciales sobre el control ambiental de las instalaciones.

La notificación a Polizzi y la incorporación de la Fiscalía de Estado como querellante representan nuevos pasos procesales en una investigación que continúa abierta. La Justicia deberá evaluar los elementos reunidos antes de determinar si existieron delitos y quiénes podrían ser responsables.

Por el momento, no se han establecido responsabilidades penales. El resultado dependerá del avance de las diligencias judiciales y de la valoración de las pruebas que se incorporen al expediente.