La Justicia fueguina lleva a las escuelas charlas sobre el nuevo régimen penal juvenil y la convivencia digital

La iniciativa es impulsada por el área de Acceso a Justicia y la Escuela Judicial del Poder Judicial, con encuentros en establecimientos educativos y distintas instituciones de la provincia. Las charlas se desarrollan en el marco de la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo régimen penal juvenil, que establece cambios en la edad de imputabilidad y en el tratamiento judicial de los adolescentes que cometen delitos.

Núñez La Torre remarcó que el objetivo no es únicamente transmitir información, sino también escuchar las inquietudes y propuestas de los jóvenes. “No decimos que vamos a capacitar o enseñar, siempre está esta idea de diálogo, porque nosotros nos llevamos mucho más de lo que damos”, expresó.

Durante los encuentros, una de las preguntas más frecuentes de los estudiantes es si pueden ir presos. Frente a esa inquietud, la funcionaria explicó que el nuevo régimen reduce de 16 a 14 años la edad mínima para ser sometido a un proceso penal y establece un sistema diferenciado del de los adultos, con intervención de jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos especializados.

La funcionaria subrayó que el sistema de sanciones tiene una finalidad socioeducativa y contempla medidas graduales, que van desde restricciones de acercamiento o contacto y limitaciones para realizar determinadas actividades, hasta amonestaciones y prestación de servicios a la comunidad. La privación de la libertad queda prevista como una medida excepcional y de última instancia, en establecimientos diferenciados de los destinados a adultos.

Otro de los aspectos que destacó es el lugar que ocupa la víctima dentro del proceso. Según explicó, la normativa apunta a promover la reparación del daño y la responsabilización de quien cometió la conducta, con instancias en las que la persona afectada pueda expresar sus necesidades y su perspectiva sobre lo sucedido.

En ese sentido, mencionó situaciones vinculadas con el acoso escolar y la convivencia digital, como la difusión de imágenes sin consentimiento o el ciberbullying. La intención es que los adolescentes comprendan que sus acciones tienen consecuencias tanto en el ámbito presencial como en los espacios digitales.

La representante del Poder Judicial también señaló que la provincia cuenta con profesionales con experiencia en materia penal juvenil, aunque reconoció que todavía existen desafíos para implementar plenamente el nuevo sistema. Indicó que, hasta el momento de la entrevista, Tierra del Fuego no tenía adolescentes privados de la libertad bajo este régimen y que aún no cuenta con establecimientos específicos para alojarlos.

“Es un desafío para la provincia. La idea es no llegar a eso, siempre que se pueda”, sostuvo, al referirse a la necesidad de priorizar medidas alternativas y garantizar la protección de los derechos de los adolescentes.

Núñez La Torre destacó además la importancia de los acuerdos de convivencia que funcionan en las escuelas y de la participación de las familias. Consideró que el trabajo preventivo debe involucrar a toda la comunidad educativa, especialmente frente a situaciones que se extienden más allá del horario escolar y continúan a través de las redes sociales y los dispositivos electrónicos.

La agenda de actividades continuará durante lo que resta del ciclo lectivo, con visitas a establecimientos educativos de Ushuaia y Río Grande, además de encuentros con docentes, padres y representantes de otras instituciones. También se desarrolla una propuesta para que los estudiantes visiten el Poder Judicial y conozcan el funcionamiento de las distintas áreas que intervienen en un proceso.

Finalmente, la funcionaria valoró la participación de los jóvenes y las familias en las charlas. Señaló que las preguntas, los casos prácticos y las propuestas que surgen de los encuentros permiten construir nuevas herramientas para abordar la convivencia y la prevención de conductas violentas.

El desafío, concluyó, es acercar la Justicia a la comunidad y lograr que los adolescentes conozcan sus derechos, comprendan sus responsabilidades y puedan dimensionar las consecuencias de sus actos.